El nuevo paquete de sanciones de la Unión Europea contra Rusia ha topado con un muro inesperado: Grecia. El país, que atesora la mayor flota mercante del mundo, se niega a aceptar la prohibición total del gas natural licuado (GNL) ruso prevista para el 1 de enero de 2027 y exige una excepción que le permita seguir transportando este combustible hacia clientes fuera del bloque comunitario. La postura, calificada por un diplomático europeo como "descarada", ha indignado a varios Estados miembros y está poniendo en jaque todo el proceso sancionador.
El veto, acordado por unanimidad el pasado octubre, prohíbe la compra, importación o transferencia de GNL de origen ruso. Grecia no busca comprarlo para su consumo interno, sino preservar los lucrativos negocios del transporte marítimo global. Sus responsables argumentan que vetar el traslado sería "todo dolor y ningún beneficio", ya que Moscú encontraría rápidamente en China u otros países alternativas para seguir exportando y manteniendo sus ingresos energéticos. Es el mismo argumento que esgrimieron a principios de año para frenar una prohibición total de los servicios marítimos a los petroleros rusos, y ahora lo repiten con el GNL.
El resto de socios comunitarios, sin embargo, no comparte esta visión y se muestra perplejo ante el intento de reabrir un texto legal ya aprobado. La UE necesita las sanciones para acelerar su desacoplamiento del gas ruso y dar cobertura legal a las empresas que quieran romper contratos de larga duración. La presión griega, centrada en proteger sus intereses empresariales, está generando un enorme desgaste diplomático.
En el ojo del huracán se encuentra Dynagas, una naviera especializada en condiciones extremas, propiedad del multimillonario griego George Prokopiou, que también controla otra compañía que obtiene millonarios beneficios transportando petróleo ruso. Dynagas opera once buques, entre ellos siete rompehielos preparados para el Ártico, en la planta de Yamal, el mayor productor de GNL de Rusia. La empresa advierte que la entrada en vigor de la prohibición en 2027 podría suponer una pérdida significativa de ingresos, un impacto adverso en su balance e incluso el incumplimiento de sus compromisos de deuda. Sus rompehielos, aseguran, quedarían inutilizados si dejan de operar en Yamal. "Es realmente un dilema", admitió otro diplomático, que confesó: "Me alegro de no ser el primer ministro griego".
La obstrucción griega ha llegado a tal punto que amenaza con descarrilar otro de los elementos centrales del paquete: el tope al precio del petróleo ruso. Actualmente fijado en 44,10 dólares por barril, la norma exige revisarlo automáticamente cada seis meses para mantenerlo un 15% por debajo del precio medio de mercado. Pero con el crudo ruso disparado tras el cierre del estrecho de Ormuz, esa revisión elevaría el tope hasta 58 dólares por barril, un respiro para el Kremlin en un momento crítico. La Comisión Europea, que considera inaceptable este escenario, ha propuesto aplazar la revisión hasta enero del próximo año para mantenerlo en 44,10 dólares. Lo que debía decidirse el 15 de julio se ha ido aplazando hasta el 23 de julio, a la espera de un acuerdo global.
Mientras tanto, las negociaciones se han vuelto caóticas. Algunos elementos del paquete —banca, criptomonedas, flota oscura— ya están cerrados; otros, como la pesca o las sanciones al patriarca Kirill, se han abandonado. La prohibición de entrada para soldados rusos se ha suavizado de nuevo, y se han hecho concesiones a Francia e Italia sobre la carga administrativa de los visados. Incluso Austria ha logrado un compromiso para buscar una solución al levantamiento de sanciones sobre Rasperia, una inversora vinculada a Raiffeisen Bank, después de que el año pasado su petición fuera rechazada de plano.
El bloqueo griego se ha enquistado hasta convertir la aprobación del nuevo paquete en un ejercicio de funambulismo diplomático, donde la defensa de los intereses nacionales choca con la necesaria unidad europea frente a Moscú. El desenlace, incierto, se juega en los próximos días.
