Naciones Unidas/Ginebra.– El representante especial de la ONU en Haití, Carlos Ruiz Massieu, lanzó este jueves una advertencia escalofriante ante el Consejo de Seguridad: la espiral de violencia que envuelve al país caribeño no cesará si no se refuerza el embargo de armas y se endurecen los controles de armamento. "Este ciclo de violencia debe romperse", afirmó Massieu, horas después de que la comunidad internacional conociera los detalles de la masacre de Jean Denis, en el departamento de Artibonite, donde al menos 70 personas murieron en un ataque atribuido a la banda armada 'Gran Grif'.
"Reforzar la aplicación del embargo de armas, la lucha contra el tráfico y el endurecimiento de los controles de armas deben seguir siendo una prioridad absoluta", apostilló el diplomático, en una sesión informativa centrada en el deterioro de la seguridad, la crisis humanitaria y el estancamiento político del país. La reunión, en el marco de la misión BINUH (Oficina Integrada de la ONU en Haití), puso el foco en el vínculo directo entre el flujo de armas ilícitas y la capacidad de las pandillas para ejecutar ataques a gran escala.
La ecuación macabra: menos munición, menos violencia
Massieu fue claro: "Cuando se reduce el acceso a la munición, la violencia disminuye. Cuando el suministro se reanuda, continúan los ataques a gran escala". La evidencia está en los números. Las bandas armadas, que controlan gran parte de Puerto Príncipe y se han extendido al interior, se abastecen de un tráfico de armas que atraviesa fronteras porosas. El representante de la ONU insistió en que las sanciones siguen siendo "una herramienta fundamental", pero que sin una acción coordinada para secar el flujo de armamento, los esfuerzos de pacificación serán en vano.
El deterioro de la seguridad ha provocado una crisis humanitaria de proporciones bíblicas. Massieu recordó que más de 1.45 millones de personas están desplazadas internamente, la mayoría debido a la violencia. Se estima que 6.4 millones de haitianos necesitarán asistencia humanitaria en 2026, una cifra que representa más de la mitad de la población del país. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) se sumó a la alerta este jueves, expresando su preocupación por la escalada de ataques violentos y las deficiencias en la respuesta estatal para prevenirlos.
La infancia, la gran víctima silenciosa
La CIDH destacó un dato escalofriante: la violencia generalizada "ha perturbado los medios de vida, el acceso al transporte, la educación y la atención médica, con impactos significativos en el proyecto de vida de los niños". En un país donde las escuelas han cerrado en vastas regiones y los hospitales operan al borde del colapso, los menores son las víctimas más vulnerables. El reclutamiento forzado por pandillas, la violencia sexual y la desnutrición son moneda corriente.
Massieu recalcó la importancia de la BINUH y otras iniciativas en apoyo a Haití, que calificó de fundamentales para garantizar que el apoyo internacional sea "coherente, coordinado y alineado con las prioridades nacionales". Pero el reconocimiento de la comunidad internacional no se traduce en acciones concretas. La nueva Fuerza de Represión de las Pandillas (FRG), creada por la ONU en 2025, aún no ha desplegado todos sus efectivos.
Mientras los diplomáticos debaten en Nueva York, en Haití las balas siguen silbando. Los desplazados huyen, los niños mueren de hambre y las pandillas se fortalecen con armas que cruzan fronteras sin control. La ONU ha hablado. Ahora, el Consejo de Seguridad debe actuar. El embargo de armas debe ser una prioridad, no un enunciado. Porque la paz en Haití, como en cualquier lugar asolado por la guerra, se construye impidiendo que los violentos se armen. El tiempo se agota. Y Haití, una vez más, espera.
