El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha convocado de manera extraordinaria al Consejo de Seguridad Nacional, 25 días después del inicio de la crisis migratoria que desbordó la frontera de Ceuta con la entrada masiva de más de 72.000 personas por el Tarajal los días 30 y 31 de julio. La reunión, que se celebrará en el Palacio de la Moncloa antes del primer Consejo de Ministros tras el verano, tiene como objetivo analizar la situación y coordinar la respuesta institucional ante unas consecuencias que siguen tensionando los servicios de extranjería, justicia y sanidad de la ciudad autónoma, donde las autoridades reconocen que aún no se ha recuperado la normalidad.
En paralelo, y para reforzar la respuesta sanitaria, Ceuta recibirá 25.000 dosis de vacunas procedentes de otras comunidades autónomas, después de que la Comisión de Salud Pública activara el mecanismo de solidaridad territorial. El Ministerio de Sanidad ha detallado que el envío incluye 15.000 dosis de la vacuna triple vírica y otras 10.000 para hacer frente a la difteria, el tétanos, la varicela y la poliomielitis, con el objetivo de prevenir brotes de enfermedades infecciosas entre la población y los migrantes que aún permanecen en la ciudad.
El delegado del Gobierno en Ceuta, Miguel Ángel Pérez Triano, ha reconocido este lunes que la ciudad continúa "muy lejos de la normalidad" y ha descartado presentar su dimisión, al considerar que hacerlo en mitad de la crisis sería "una absoluta irresponsabilidad y cobardía". Sus declaraciones se producen tras reunirse con responsables de la Brigada de Extranjería y Fronteras para evaluar la presión migratoria, que sigue siendo elevada mientras las administraciones tratan de reforzar sus dispositivos para atender la situación.
La oposición ha elevado la presión sobre el Gobierno. El portavoz del PP, Borja Sémper, ha reclamado el despliegue en Ceuta de "todas las unidades de extranjería que sean necesarias" y que trabajen en tres turnos para agilizar los expedientes de repatriación. "No es de recibo que se tramiten los retornos como si fuera una situación ordinaria, porque es extraordinaria. Deben volver todos y cuanto antes", ha defendido.
Por su parte, el exjefe de la diplomacia española y europea, Josep Borrell, ha calificado de "histérica, desproporcionada y absurda" la reacción de algunos gobiernos europeos ante la crisis. Borrell ha cuestionado la respuesta de la UE y ha lamentado que varios Estados miembros hayan relacionado el episodio con la política migratoria española, al tiempo que ha defendido la necesidad de reforzar fronteras sin olvidar la protección de los menores y los solicitantes de asilo que permanecen en Ceuta. "El Gobierno español hace bien en enfatizar que los menores tienen derechos. Hay que aplicar las leyes", ha subrayado, y ha reclamado una posición más firme de España ante Bruselas.
