La Audiencia de Badajoz condenó este martes a David Sánchez a nueve años de inhabilitación para ejercer empleo o cargo público, al considerarlo autor, por cooperación necesaria, de un delito de prevaricación administrativa relacionado con su contratación en la Diputación de Badajoz.
El proceso judicial investigó las circunstancias de su incorporación a la institución provincial y el posterior cambio de denominación del puesto que ocupaba. Mientras las acusaciones populares solicitaban penas de entre tres y seis años de prisión, la Fiscalía había pedido su absolución al considerar que no existían elementos suficientes para condenarlo por los delitos de prevaricación y tráfico de influencias.
Caso de alto impacto político
La condena ha intensificado la controversia política en España, debido a que David Sánchez es hermano del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.
Desde el gobernante Partido Socialista Obrero Español han sostenido que el caso fue impulsado por sectores de la oposición con fines políticos y basado en informaciones falsas. Por su parte, los partidos de oposición han defendido la actuación judicial y han reclamado responsabilidades tras el fallo.
La sentencia supone uno de los procesos con mayor repercusión política de los últimos años en España y aún puede ser recurrida ante instancias superiores.
