Tokio, Japón. – El Gobierno japonés reafirmó este martes su «apoyo constante» a la Corte Penal Internacional (CPI), tras la campaña lanzada el lunes por Estados Unidos para desmantelar el tribunal con sede en La Haya, al que acusa de inmiscuirse en asuntos estadounidenses, y aseguró que definirá su respuesta observando las futuras acciones de Washington.
El portavoz gubernamental, Minoru Kihara, subrayó en rueda de prensa que Japón «concede gran importancia a la erradicación y prevención de delitos graves, así como a la defensa del Estado de derecho», y señaló que el archipiélago seguirá «con preocupación» el reciente anuncio estadounidense. Kihara indicó que Japón tiene la intención de «definir su respuesta observando las futuras acciones estadounidenses y manteniendo la comunicación con la CPI y con el resto de Estados miembros».
La campaña de EE.UU. contra la CPI: sanciones y presiones a aliados
La ofensiva estadounidense, anunciada este lunes por el secretario de Estado, Marco Rubio, tiene como objetivo prohibir la entrada a Estados Unidos al personal de la CPI y aumentar las sanciones contra sus miembros y las organizaciones afiliadas. Además, la Administración de Trump convocará a embajadores y altos cargos de naciones extranjeras para destacar «los abusos de la CPI» e instarles a retirarse del organismo, al que Rubio calificó de querer convertirse en «un árbitro global sin rendición de cuentas».
Estados Unidos no es firmante del Estatuto de Roma, que creó la CPI, y la Administración Trump ya ha sancionado a altos funcionarios de la Corte por investigar presuntos crímenes de guerra cometidos por personal estadounidense en Afganistán y por actuar contra funcionarios israelíes, aliado clave de Washington.
Antecedentes y presión de HRW sobre Japón
A finales de 2025, la presidenta de la CPI, la jueza japonesa Tomoko Akane, denunció las sanciones contra sus fiscales y jueces al señalar que la medida les «sitúa al mismo nivel que terroristas y narcotraficantes», y subrayó que el tribunal no cederá «a ninguna presión» y que su independencia «permanece intacta». En este contexto, la ONG Human Rights Watch (HRW) llegó a presionar a las autoridades japonesas para que se pronunciaran públicamente e intensificaran sus esfuerzos en defensa del tribunal, sometido a «una presión extrema por parte de Estados Unidos».
La postura de Tokio, que ha sido un firme defensor de la CPI desde su creación, adquiere especial relevancia en un momento en que la administración Trump busca debilitar el organismo mediante sanciones y presiones diplomáticas. Japón, como miembro destacado del sistema multilateral, se enfrenta al desafío de mantener su apoyo a la justicia internacional sin poner en riesgo sus relaciones con Washington.
