Bruselas, Bélgica. – La Comisión Europea ha presentado a los Estados miembros un documento con tres opciones para endurecer las restricciones comerciales sobre los bienes producidos en asentamientos israelíes en los territorios palestinos ocupados, en respuesta a las demandas de una mayoría de ministros de Exteriores de la UE que pidieron aclarar qué medidas restrictivas pueden adoptarse ante la continua expansión de los asentamientos en Cisjordania y Jerusalén Este.
El documento, distribuido el miércoles, detalla tres alternativas que van desde la prohibición total o parcial de importaciones hasta la imposición de aranceles disuasorios y la exigencia de licencias de exportación, en un contexto donde los asentamientos israelíes ya están excluidos del trato arancelario preferencial de la UE.
Tres opciones sobre la mesa
La primera opción propone la creación de un sistema de licencias de exportación para las empresas que importen bienes de los asentamientos, una medida que ya había sido planteada por los gobiernos de Francia y Suecia en una carta conjunta enviada a la Comisión en abril. Sin embargo, el documento advierte que este sistema seguiría siendo vulnerable a la elusión, ya que investigaciones recientes han constatado que los exportadores de los asentamientos continúan vendiendo sus productos en los mercados europeos libres de aranceles mediante prácticas como el etiquetado fraudulento y la mezcla de mercancías.
La segunda opción consiste en elevar los aranceles para que la importación de bienes procedentes de asentamientos resulte prohibitivamente cara, aunque la Comisión reconoce que esta medida también sería susceptible de elusión.
La tercera opción es la más drástica: un veto total o parcial a las importaciones procedentes de asentamientos ilegales, lo que obligaría a los agentes de aduanas de los Estados miembros a identificar estas mercancías en las fronteras de la UE.
Base jurídica, el principal escollo
El documento deja abierta la cuestión de la base jurídica, un punto clave que determinará el proceso de aprobación. Si se enmarca en la política comercial, la decisión se tomaría por mayoría cualificada; si se basa en la política exterior y de seguridad común, requeriría unanimidad. Los servicios jurídicos del Consejo han señalado que recurrir a la base jurídica de política comercial debería ser posible, dependiendo de los detalles de la propuesta. Sin embargo, la Comisión ha reiterado su opinión de que es necesaria la base jurídica de política exterior, lo que dificultaría la aprobación de cualquier medida.
Impulso político y contexto
Al menos 20 Estados miembros pidieron a la Comisión que explorara estas opciones durante la reunión de ministros de Exteriores en Luxemburgo en junio. El impulso político ha ganado fuerza desde que Francia y Suecia instaron a la Comisión en abril a presentar una propuesta, invocando el dictamen consultivo de 2024 de la Corte Internacional de Justicia (CIJ) sobre la ilegalidad de los asentamientos israelíes. Varias resoluciones de la ONU también han afirmado que la actividad de asentamientos en los territorios palestinos es ilegal, mientras que el Gobierno israelí rechaza esa calificación y define los asentamientos como «emplazamientos temporales».
Próximos pasos
Se espera que los embajadores de la UE realicen un primer análisis en una reunión a puerta cerrada en Bruselas este viernes, antes de que los ministros de Exteriores retomen el debate el lunes. No obstante, el documento solo expone opciones, no propuestas concretas, y no se prevé ninguna decisión formal la próxima semana. El próximo Consejo de Asuntos Exteriores formal no se celebrará hasta octubre, lo que, según algunos Estados miembros, retrasará aún más la adopción de medidas concretas.
Un diplomático de la UE comentó que, aunque la iniciativa no era ideal, podría servir para poner en marcha el proceso. La Comisión, por su parte, ha dejado claro que está ganando tiempo, pero también ha reconocido que no hay consenso en el Consejo para avanzar rápidamente. La decisión final dependerá de la capacidad de los Estados miembros para alcanzar un acuerdo sobre la base jurídica y el alcance de las restricciones.
