La Dirección General de Contrataciones Públicas (DGCP) ordenó una investigación de oficio y dispuso la suspensión cautelar de la licitación pública nacional realizada por la Operadora Metropolitana de Servicios de Autobuses (OMSA) para la adquisición de autobuses urbanos, tras identificar preliminarmente debilidades sustanciales y posibles irregularidades en el proceso.
La medida alcanza el procedimiento OMSA S.A.-CCC-LPN-2026-0005, cuya adjudicación había sido otorgada a la empresa CK Trans-Motors, S.R.L. mediante un acta del 16 de octubre de 2026. Como consecuencia de la suspensión, las partes no podrán suscribir ni ejecutar contratos hasta que la DGCP concluya la investigación y emita sus resultados definitivos.
En una comunicación fechada el 21 de octubre y dirigida al administrador general de OMSA, Onéximo Antonio González, Contrataciones Públicas identificó preliminarmente cuatro aspectos que motivaron la apertura de la investigación: cuestionamientos sobre los términos y condiciones del Impuesto sobre Transferencias de Bienes Industrializados y Servicios (ITBIS) aplicable a la importación de los bienes contemplados en el pliego de condiciones; una presunta evaluación irregular de las ofertas económicas; debilidades en los estudios previos que sustentaron el procedimiento; y falta de publicidad en el Sistema Electrónico de Contrataciones Públicas (SECP) de documentos del expediente administrativo.
Ante estos hallazgos, la DGCP solicitó a OMSA presentar, en un plazo no mayor de diez días hábiles contados a partir del día siguiente de la notificación, un informe justificativo sobre la legalidad de las actuaciones desarrolladas en cada etapa de la contratación. El órgano rector verificará si durante el procedimiento se cumplieron las disposiciones de la Ley 47-25, su Reglamento de Aplicación, aprobado mediante el Decreto 52-26, y las políticas emitidas por la institución.
La investigación también determinará el posible impacto de las irregularidades identificadas preliminarmente y de cualquier otro hallazgo que pueda surgir durante el análisis. La DGCP advirtió que, si vence el plazo concedido sin que OMSA presente su escrito de defensa, podrá emitir un acto administrativo basado en los hallazgos preliminares obtenidos.
Como parte de las medidas cautelares, la DGCP solicitó además a la Contraloría General de la República que no registre el contrato correspondiente al procedimiento y que tampoco autorice pagos al proveedor beneficiado con la adjudicación suspendida.
La comunicación, identificada con el número DGCP44-2026-004370, está firmada digitalmente por Carlos Pimentel Florenzán, director general de Contrataciones Públicas. La investigación deberá establecer finalmente si las actuaciones realizadas durante la licitación se ajustaron a la normativa de contrataciones públicas y determinar las consecuencias administrativas que pudieran derivarse de los hallazgos.
