La Asamblea General de la ONU inicia este martes una sesión dedicada al proyecto de resolución contra el embargo de Estados Unidos a Cuba, en un contexto de tensiones entre La Habana y Washington agravadas desde el regreso de Donald Trump a la Casa Blanca.
Un año más, los 193 Estados miembros debatirán este martes y miércoles y votarán el proyecto no vinculante que Cuba presenta desde 1992 para reclamar el fin del embargo a la isla. El texto, titulado “Necesidad de poner fin al bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por los Estados Unidos de América contra Cuba”, suele aprobarse cada año con un apoyo prácticamente unánime, salvo por Washington y sus aliados.
El año pasado, la resolución recibió 165 votos a favor, 12 abstenciones y 7 votos en contra: Estados Unidos, Israel, Argentina, Paraguay, Ucrania, Macedonia del Norte y Hungría. En ediciones anteriores ha llegado a obtener hasta 189 votos favorables. Estados Unidos e Israel han votado en contra en casi todas las ocasiones; la única excepción fue 2016, cuando ambos se abstuvieron por primera vez tras el acercamiento impulsado por Barack Obama y el restablecimiento de relaciones diplomáticas.
Aunque se espera que la resolución sea aprobada por trigésima cuarta vez, la atención estará puesta en posibles cambios de posición, especialmente entre los países de América Latina y el Caribe donde recientemente han asumido mandatarios alineados con Trump. En los últimos días, La Habana ha denunciado una campaña de presión de la Administración estadounidense para que otros países retiren su apoyo al texto. Argentina, que tradicionalmente votaba contra las sanciones, mantuvo esa posición durante el primer año de Milei y el presidente cesó acto seguido a la entonces canciller Diana Mondino.
La votación coincide con un aumento de las tensiones entre Washington y La Habana, después de que Trump firmara dos órdenes ejecutivas que establecen sanciones contra quienes vendan petróleo o establezcan relaciones comerciales con la isla. La propuesta reclama que los Estados “se abstengan de promulgar y aplicar leyes y medidas como las que sustentan el embargo estadounidense contra la isla”. Además, menciona las medidas adoptadas por EE. UU. entre 2015 y 2016, al final de la Administración de Obama, para flexibilizar algunos puntos del embargo, y rechaza las aplicadas desde 2017, cuando Trump llegó por primera vez a la Casa Blanca.
El embargo entró formalmente en vigor el 3 de febrero de 1962, cuando el entonces presidente John F. Kennedy firmó la orden ejecutiva 3447, que decretaba el embargo del comercio con Cuba. La Habana sostiene que las sanciones estadounidenses supusieron un impacto económico de 8.056 millones de dólares entre marzo de 2025 y febrero de 2026, una cifra récord, y sitúa en más de 178.700 millones de dólares las pérdidas acumuladas en la isla a lo largo de seis décadas. A ello se suma el agravamiento de la situación energética, tras el bloqueo impuesto y la escasez de combustible.
