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Gobierno declara el terrorismo medioambiental como prioridad de seguridad nacional

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El presidente Luis Abinader firmó un decreto mediante el cual declara de alto interés nacional y prioridad estratégica para la seguridad nacional la prevención, detección, investigación, persecución y combate de las conductas definidas como terrorismo medioambiental. La disposición establece una respuesta integral del Estado ante actos dolosos, individuales o colectivos, ejecutados por dominicanos o extranjeros, que tengan como finalidad provocar daños graves a los ecosistemas, recursos naturales o infraestructuras ecológicas estratégicas del país, cuando generen temor colectivo, afectación masiva a la población o presión indebida sobre las autoridades.

El mandatario afirmó que el Gobierno actuará de manera drástica frente a estas conductas y que el Estado utilizará todos los recursos disponibles para proteger el patrimonio natural dominicano. "Estamos preparados para hacer todo lo necesario para proteger nuestro patrimonio natural y aplicar con firmeza las leyes contra quienes lo destruyan", expresó Abinader. El decreto coloca la protección del patrimonio natural entre las prioridades estratégicas de seguridad nacional y ordena la articulación de las instituciones responsables de la defensa, la inteligencia, la justicia y la protección ambiental.


Una respuesta firme frente al daño ambiental

El ministro de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Paíno Henríquez, destacó que la decisión representa un cambio fundamental en la respuesta del Estado. "Durante demasiado tiempo hemos tratado los delitos contra el medio ambiente como si fueran delitos menores. Pero cuando se destruye un bosque, se amenaza nuestra agua; cuando se destruye una cuenca, se amenaza nuestra producción agrícola y nuestra seguridad alimentaria", expresó Henríquez, quien añadió que "el agua es seguridad nacional. Los bosques son seguridad nacional. Las áreas protegidas son seguridad nacional. Y quien atente deliberadamente contra ellos debe saber que tendrá al Estado dominicano de frente".

El decreto instruye al Comité Nacional Antiterrorista (CAN) y a la Dirección Nacional Antiterrorista (DAN) a incorporar en sus planes operativos la identificación, prevención y neutralización de amenazas vinculadas al terrorismo medioambiental contra las infraestructuras ecológicas estratégicas, que incluyen áreas protegidas y sus zonas de amortiguamiento, cuencas hidrográficas, acuíferos, manglares, humedales, arrecifes coralinos, sistemas de agua potable y bosques de protección y producción. Además, se establece que el Ministerio de Defensa, el Ministerio de Medio Ambiente, el Ministerio de Justicia y la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI) elaborarán una Política Nacional para la Prevención y Combate del Terrorismo Medioambiental.

El decreto también cita el artículo 265, numeral 5, de la Ley núm. 74-25, que establece penas de 20 a 30 años de prisión mayor y multas de 30 a 40 salarios mínimos para quien provoque voluntariamente incendios en bosques, reservas forestales, nacimientos de ríos, parques nacionales o áreas protegidas. Como parte de esta política, se habilitarán plataformas tecnológicas y mecanismos confidenciales de denuncia para reportar actividades que amenacen los recursos naturales estratégicos, garantizando la protección de denunciantes y colaboradores de buena fe.


La ciudadanía como aliada

El ministro Henríquez destacó que la participación ciudadana es fundamental para detectar amenazas y llamó a la población a utilizar los mecanismos habilitados para reportar acciones que comprometan el patrimonio ambiental. "Hay momentos en los que proteger la naturaleza significa ejercer la autoridad del Estado. Y este es uno de esos momentos", afirmó. Los ministerios de Medio Ambiente y Defensa presentarán periódicamente al presidente informes sobre riesgos, amenazas y resultados de las acciones implementadas. "La naturaleza dominicana no está en venta. No está abandonada. Y no está indefensa. Mientras tengamos la responsabilidad de protegerla, vamos a defenderla con la ley, con las instituciones, con determinación y con toda la autoridad del Estado dominicano", concluyó Henríquez.