Santo Domingo.– El nuevo Código Penal, promulgado en agosto de 2025, se encuentra a menos de cuatro meses de su entrada en vigor, pero lejos de generar consenso, se ha convertido en el epicentro de una tormenta jurídica y política. Legisladores, gremios de abogados y organismos internacionales chocan frontalmente por disposiciones que, según los críticos, podrían vulnerar derechos fundamentales. El corazón de la controversia es la acumulación de penas, un mecanismo que permite sumar sanciones por delitos múltiples hasta alcanzar un máximo de 60 años de prisión.
Para la Asociación de Abogados de la República Dominicana (ARD), esta figura es, en la práctica, una "pena de muerte encubierta" o una "cadena perpetua disfrazada". Alegan que privar a una persona de su libertad por seis décadas equivale a una condena a muerte civil, especialmente para quienes ingresan al sistema penal en edades adultas. Sin embargo, los legisladores que impulsaron la norma rechazan de plano esa interpretación. "Nosotros no tenemos pena de muerte ni tenemos cadena perpetua", declaró un congresista, que pidió reserva de su nombre. "Hay delitos y acumulación de delitos que ameritan esa sanción establecida en el Código Penal". El legislador calificó la vinculación con la pena de muerte como una lectura "sensacionalista" y sin fundamento técnico.
La otra polémica: el aborto prohibido en todas sus causas
El informe más reciente de Amnistía Internacional ha añadido leña al fuego al cuestionar disposiciones del Código, en particular la prohibición total del aborto, sin excepciones ni siquiera por violación, peligro para la vida de la madre o inviabilidad del feto. La organización considera que estas normas son regresivas y violan estándares internacionales de derechos humanos. Desde el Congreso, un legislador arremetió contra el organismo: "Amnistía Internacional no debería existir", afirmó, acusándolo de actuar en función de intereses particulares relacionados con el tema del aborto.
Los defensores del Código: "Es irreversible"
Los congresistas insisten en que la impugnación presentada por la seccional de San Pedro de Macorís carece de sustento jurídico. Sostienen que el Código Penal no vulnera la Constitución, que preserva los derechos fundamentales y que no contempla ni la pena de muerte, ni la eutanasia, ni el aborto legal. "Delitos que antes no estaban tipificados ahora van a ser perseguidos por la justicia", afirman, y confían en que cualquier intento de impugnación será desestimado por los tribunales. La entrada en vigor, aseguran, es irreversible.
El ciudadano, en medio del fuego cruzado
A cuatro meses de su aplicación, el Código Penal se ha convertido en un campo de batalla donde se enfrentan concepciones opuestas de justicia. Por un lado, quienes defienden el endurecimiento de las penas como respuesta a la inseguridad ciudadana; por el otro, quienes alertan sobre el riesgo de un derecho penal que aniquila cualquier posibilidad de reinserción y que viola tratados internacionales. El debate constitucional está servido. Mientras tanto, la ciudadanía observa, confundida, entre quienes hablan de "mano dura" y quienes advierten de una "pena de muerte encubierta". La justicia dominicana se prepara para un cambio de época. Pero a juzgar por la intensidad de las críticas, la transición no será pacífica. El Código Penal entra en vigencia, pero su legitimidad social está en entredicho. Y eso, en una democracia, es quizás la condena más pesada.
