San Salvador, El Salvador.– La organización no gubernamental Socorro Jurídico Humanitario (SJH) denunció este miércoles que al menos 537 personas han fallecido bajo custodia del Estado durante los 52 meses de vigencia del régimen de excepción en El Salvador, implementado desde marzo de 2022. La cifra, que la ONG considera parcial, refleja lo que califica como una «crisis humanitaria imparable» en el sistema penitenciario salvadoreño.
En un mensaje publicado en X, el SJH señaló que «lo que es aún más alarmante es que el 94% de estas personas no tenían perfil de pandilleros, y sus vidas se apagaron en un contexto de total impunidad». La organización, que brinda asesoría legal gratuita a familiares de detenidos, advirtió que «la cifra real podría superar el millar», y denunció «un esfuerzo sistemático por ocultar información en los juicios masivos».
Causas de muerte: violencia y falta de atención médica
Según un informe del SJH divulgado a finales de enero, la violencia física encabeza las causas de muerte de presos en las prisiones salvadoreñas, con cerca del 32% de los casos reportados. El documento, que recoge versiones de familiares ante la falta de información oficial —mantenida bajo secreto—, indica que el 31,8% de las muertes fueron «violentas», mientras que un 31,6% de las personas habría fallecido por «falta de atención médica por enfermedades».
Las muertes se han registrado principalmente en las cárceles que albergan a la mayoría de los más de 92,000 detenidos bajo este régimen —en su gran mayoría sin condenas—, mientras que poco se conoce sobre las condiciones en el Centro de Confinamiento contra el Terrorismo (Cecot), la megacárcel insignia del gobierno.
Régimen de excepción y denuncias de abusos
El régimen de excepción, implementado tras una escalada de violencia de pandillas que dejó más de 80 muertos en un fin de semana de marzo de 2022, ha sido defendido por el presidente Nayib Bukele y cuenta con alta popularidad, respaldado por una Asamblea Legislativa dominada por su partido Nuevas Ideas (NI).
Sin embargo, organizaciones humanitarias contabilizan al menos 6.889 denuncias de violaciones de derechos humanos a marzo de este año. Según los registros, el 98% de los casos corresponden a detenciones arbitrarias y el 75% implican responsabilidad de agentes de la Policía Nacional Civil. El SJH concluyó: «Como sociedad civil, no podemos guardar silencio ante lo que constituye una posible violación sistemática a los derechos humanos».
