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Justicia española investiga a Marruecos por la entrada masiva en Ceuta

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CEUTA, 07/09/2026.- Un migrante que se dedica a vender artículos en puestos ambulantes que se han levantado en la playa de El Trampolín de Ceuta ha asegurado este lunes que puede ganar hasta unos cuatro euros diarios y que en ocasiones vende también ropa cogida de la basura.EFE/ Laura Rincón

La magistrada de la Audiencia Nacional española María Tardón ha abierto una investigación penal sobre la entrada masiva e irregular de decenas de miles de personas en la ciudad autónoma de Ceuta, procedentes de Marruecos, los días 30 y 31 de julio pasado, una avalancha que dejó unos 140 muertos. En un auto conocido este lunes, la jueza considera que los hechos constituyen una «conducta delictiva presuntamente cometida en el extranjero que ha atacado gravemente la integridad territorial de España», y aprecia una «clara e indudable gestión favorecedora» desde el país vecino.

Tardón detecta indicios de delitos contra la paz e independencia del Estado, contra los derechos de los ciudadanos extranjeros, en conexión con homicidios imprudentes, así como de organización criminal. La decisión judicial se basa en un informe de la Policía española, encargado por la propia jueza, que documenta el «guiado activo» de las fuerzas de seguridad marroquíes hacia quienes cruzaban la frontera de forma ilegal. El auto señala una actitud de «permisividad» del comportamiento «constatado y gráficamente contrastado» de los agentes del país vecino, y detalla cómo «los propios policías uniformados van realizando indicaciones a las personas que cruzaban ilegalmente la frontera, para dirigirles» y para «superar los obstáculos», llegando incluso a organizar el acceso a la zona que conduce a la playa marroquí de Fnideq, a pocos kilómetros de Ceuta.

Según el Gobierno español, en esa avalancha accedieron a Ceuta más de 70.000 personas, de las que unas 5.000 —entre magrebíes y subsaharianos— permanecen en la ciudad, al menos 2.000 de ellas menores de edad. Muchos malviven en condiciones precarias en campamentos improvisados en playas de la ciudad, que atraviesa una grave crisis socioeconómica, problemas de seguridad y un creciente malestar entre los residentes locales, a la espera de que las autoridades españolas completen su filiación y decidan sobre una eventual devolución a Marruecos. Con esta investigación, la justicia española da un paso firme para esclarecer lo que ocurrió en la frontera sur de Europa y determinar las responsabilidades de quienes facilitaron una de las crisis migratorias más graves de los últimos años.