Madrid, España. – El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, confirmó este martes que más de un millón de inmigrantes en situación irregular han solicitado acogerse al proceso extraordinario de regularización impulsado por su Ejecutivo, una cifra que supera ampliamente las previsiones iniciales y que el mandatario calificó como una decisión «histórica» basada en la justicia, el reconocimiento de derechos y la integración.
Durante un acto celebrado en la capital sobre el proceso de regularización, Sánchez defendió la medida como una respuesta a una realidad social y económica que España no puede ignorar, y subrayó que la inmigración será determinante para el futuro del país. Según advirtió, sin la aportación de la población migrante, España podría perder un 19% de su Producto Interior Bruto en 2050 y hasta un 22% en 2075 como consecuencia del envejecimiento demográfico.
Más de 1,2 millones de solicitudes superan las previsiones iniciales
El proceso extraordinario, abierto el pasado 16 de abril, esperaba inicialmente beneficiar a unas 500.000 personas. Sin embargo, el número de solicitudes ha superado todas las previsiones: a mediados de junio ya se habían registrado unas 900.000 peticiones y, al cierre del plazo este martes, el Ejecutivo informó de que se habían presentado alrededor de 1,2 millones de solicitudes. La cifra definitiva se conocerá el miércoles.
Sánchez sostuvo que la regularización no es solo una cuestión humanitaria, sino también una necesidad económica. Recordó que, desde 2022, la inmigración ha explicado aproximadamente la mitad del crecimiento del país y defendió que la integración fortalece la cohesión social y el Estado del bienestar. «La exclusión no protege a nadie ni da prioridad nacional», afirmó, en referencia a los discursos contrarios a la inmigración.
Nuevo Plan de Integración y Agencia Estatal de Movilidad Humana
Durante el acto, Sánchez presentó el nuevo Plan de Integración y Ciudadanía, dotado inicialmente con 500 millones de euros y estructurado en cuatro ejes estratégicos, 16 medidas y diez objetivos hasta 2030. Entre las iniciativas anunciadas figura la creación de una Agencia Estatal de Movilidad Humana para mejorar la gestión de las políticas migratorias y reforzar la integración de quienes obtengan la residencia.
El presidente también defendió reforzar las vías legales de migración laboral mediante la contratación en origen, y explicó que la nueva agencia coordinará tanto la acogida como la integración y la movilidad de los trabajadores extranjeros, con el objetivo de adaptar la política migratoria a las necesidades del mercado laboral y al reto demográfico.
Debate político y dudas del Tribunal Supremo
La regularización extraordinaria ha generado un intenso debate político. Mientras el Gobierno la presenta como una medida necesaria para reconocer la situación de cientos de miles de personas que ya viven y trabajan en España, el Partido Popular y Vox la han criticado por considerar que puede provocar un «efecto llamada» y aumentar la presión sobre los servicios públicos.
El proceso también afronta un frente judicial. El Tribunal Supremo ha abierto la puerta a estudiar una posible suspensión cautelar de la regularización tras plantear dudas sobre su compatibilidad con el Derecho de la Unión Europea, a raíz de los recursos presentados por varias comunidades autónomas y Vox. Según el alto tribunal, el decreto suscita dudas al establecer una regularización de carácter general en lugar de un análisis individualizado de cada solicitud. No obstante, la medida sigue plenamente vigente y las solicitudes continúan tramitándose. El Gobierno defiende la legalidad del decreto y confía en que la Justicia termine avalándolo.
