La Asamblea Nacional de Venezuela aprobó este martes un acuerdo que otorga a Estados Unidos el control de cerca del 20 % de las reservas de petróleo del país, un paso que consolida la influencia de Washington sobre el gobierno surgido tras el derrocamiento de Nicolás Maduro en enero. El pacto, valorado en varios miles de millones de dólares, permitirá a las empresas estadounidenses operar 17 yacimientos estratégicos con 65.000 millones de barriles de reservas, y prevé una inversión de hasta 100.000 millones de dólares en infraestructura petrolera.
El acuerdo, que será firmado este miércoles en Caracas con la presencia del secretario de Energía de EE.UU., Chris Wright, otorga al Departamento de Defensa estadounidense una participación del 35 % en la empresa operadora, North American Blue Energy Partners (NABEP), controlada por el empresario venezolano Alejandro Betancourt. Washington obtendrá además el derecho a comprar el 20 % de la producción al coste de extracción para reponer su Reserva Estratégica de Petróleo, y dispondrá de poder de veto sobre el consejo de administración, que deberá estar compuesto mayoritariamente por ciudadanos estadounidenses.
El acuerdo en detalle
La mayoría de los yacimientos incluidos en el acuerdo estaban gestionados anteriormente por empresas rusas o chinas, un hecho que la Casa Blanca presenta como una reafirmación de la Doctrina Monroe. El secretario de Estado, Marco Rubio, explicó que la empresa privada, con el apoyo de EE.UU., atraerá la inversión necesaria para desarrollar la capacidad productiva de estos campos, que han permanecido subexplotados durante años. "En esencia, se trata ya de un acuerdo con el Gobierno estadounidense, concretamente con el Departamento de Defensa, que dispone de una cuenta especial que le permite tomar posesión de un determinado porcentaje de estos activos", señaló Rubio.
El presidente Donald Trump, que se reunió con directivos del sector petrolero en la Casa Blanca, confía en que el acuerdo ayude a frenar el aumento de los precios de la gasolina, disparados por la guerra en Irán. "Estamos desatando el dominio energético estadounidense", escribió Trump en su red Truth Social. Según la Casa Blanca, el pacto no tendrá coste para los contribuyentes y generará miles de millones de dólares en regalías e impuestos para el Estado venezolano.
Polémica y personajes clave
El acuerdo ha generado controversia en Venezuela, donde algunos diputados de la oposición se abstuvieron en la votación alegando que no pudieron conocer las condiciones por escrito. "Necesitamos, y estamos obligados, a saber qué está escrito en la letra pequeña", declaró el diputado Luis Emilio Rondón. Sin embargo, el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, defendió el pacto argumentando que el petróleo "no beneficia a nadie si se queda bajo tierra", y el ministro de Defensa, Gustavo González López, lo describió como "prosperidad y bienestar para el país".
El papel de Alejandro Betancourt, controlador de NABEP, ha sido especialmente polémico. Sobre él pesan acusaciones de haber participado en tramas de corrupción en la estatal PDVSA, aunque nunca ha sido imputado. Un alto cargo estadounidense lo calificó como un "operador probado" y reconoció que la geopolítica obliga a tratar con personajes "imperfectos". "No estoy proponiendo canonizar a nadie aquí. Lo que digo es que se trata de una persona que en el pasado ha sido útil al Gobierno de Estados Unidos", afirmó el responsable.
Contexto geopolítico
El acuerdo se produce en un momento en que Washington mantiene un control sin precedentes sobre el Gobierno en Caracas, y busca contrarrestar la influencia rusa y china en la región. El secretario de Energía, Chris Wright, viajó a Venezuela este miércoles para la firma del pacto, y la petrolera Chevron tiene previsto anunciar una importante ampliación de sus operaciones en el país. El Gobierno de Trump, que enfrenta elecciones legislativas en noviembre, confía en que el acuerdo con Venezuela ayude a estabilizar los precios de los combustibles y a reforzar su posición en el escenario internacional, aunque el pacto sigue planteando importantes incógnitas sobre su implementación y su impacto a largo plazo en la economía venezolana y la geopolítica de la región.