A dos semanas de la histórica entrada masiva de más de 80.000 personas en Ceuta, el asentamiento de la playa de El Trampolín sigue siendo el reflejo de una crisis que no termina de resolverse. Unas 200 personas, la mayoría jóvenes subsaharianos, se concentraron este domingo con banderas de España y pancartas caseras para reclamar una solución a su situación. "No queremos volver a Marruecos", "También somos humanos", "Necesitamos una solución", se leía en los carteles que portaban durante una protesta espontánea que contó con el apoyo de varias ONG que trabajan en el enclave.
El escenario es duro: chabolas de plástico y lonas, frío nocturno junto al mar y, según denuncian los migrantes, restricciones policiales que les impiden acercarse al centro de la ciudad para conseguir alimentos o ayuda humanitaria. La desesperación crece entre los que aún permanecen en Ceuta, una cifra que las autoridades sitúan entre 5.000 y 8.000 personas, saturando los recursos de una ciudad de apenas 80.000 habitantes que en cuestión de días vio duplicada su población.
La mayoría de los que se quedan aún albergan la esperanza de continuar viaje hacia la Europa continental. Sin embargo, esa expectativa choca frontalmente con la posición del Gobierno central. El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha sido rotundo en sus últimas declaraciones: "Hasta la última persona" que haya entrado de forma irregular en Ceuta volverá a su lugar de origen, y ha insistido en que ninguno de ellos podrá quedarse en la ciudad ni viajar a la Península.
La protesta de este domingo evidencia el tenso pulso que se mantiene en el enclave, donde la solidaridad de las ONG y la desesperación de los migrantes se enfrentan a la firmeza de un Gobierno que no da tregua y mantiene su apuesta por las devoluciones.
