El New York Times presentó una demanda federal contra el Departamento de Defensa, el secretario Pete Hegseth y el portavoz principal Sean Parnell, por una política implementada en octubre que restringe severamente el acceso de los periodistas al Pentágono. El periódico alega que la medida viola la Primera y Quinta Enmienda de la Constitución estadounidense.
Antecedentes de la política restrictiva:
En octubre de 2025, el Pentágono estableció nuevas condiciones para los pases de prensa, lo que llevó a decenas de periodistas a devolver sus credenciales en lugar de aceptar limitaciones que consideraban inconstitucionales. Paralelamente, el Departamento de Defensa ha privilegiado el acceso de creadores de contenido y figuras pro-Trump —sin experiencia en cobertura militar—, denominándolos el “nuevo cuerpo de prensa del Pentágono”.
Argumentos centrales de la demanda:
- Violación de derechos constitucionales: El Times afirma que la política busca “ejercer control sobre la información que no le gusta al Gobierno”, socavando el derecho de la prensa a buscar información y el derecho del público a estar informado.
- Discriminación arbitraria: La política otorga a funcionarios un poder discrecional ilimitado para decidir quién obtiene una credencial, lo que contraviene la Primera Enmienda.
- Intento de evitar el escrutinio: Según el periódico y grupos de libertad de prensa, el verdadero objetivo de Hegseth es limitar la cobertura independiente de la administración Trump.
Respuesta del Pentágono y apoyo mediático:
- Postura oficial: Parnell ha declarado que los periodistas que devolvieron sus pases “eligieron autodeportarse”. Mientras, el secretario de prensa Kingsley Wilson ha realizado conferencias exclusivas para el “nuevo cuerpo de prensa”, denegando el acceso a medios tradicionales como el Times y CNN.
- Apoyo sectorial: La Asociación de Prensa del Pentágono y el Comité de Reporteros por la Libertad de Prensarespaldan la demanda. Medios conservadores como Fox News y Newsmax también se han opuesto a las restricciones, señalando que el tema trasciende líneas partidistas.
El caso judicial podría establecer un precedente crucial sobre los límites del Gobierno para regular el acceso de la prensa en instalaciones federales. En un contexto de creciente tensión entre la administración Trump y medios independientes, el resultado definirá la capacidad de los periodistas para ejercer su labor de supervisión en asuntos de seguridad nacional.
