El presidente de Portugal, António José Seguro, ha promulgado este martes una ley que prohíbe a los ciudadanos cubrirse el rostro en espacios públicos, una medida que, aunque no menciona explícitamente el velo integral, ha sido interpretada de manera generalizada como dirigida contra las mujeres musulmanas que utilizan prendas como el burka o el niqab. La legislación, bautizada por los medios locales como "ley del burka", fue aprobada por el Parlamento en julio con el apoyo de la coalición de derechas y de los partidos de extrema derecha, mientras que los partidos de izquierda votaron en contra.
En el comunicado oficial, Seguro justificó la norma al señalar que "el rostro debe considerarse un elemento central de la identidad y la comunicación humanas". La ley establece que está prohibido llevar prendas diseñadas para ocultar el rostro o impedir la identificación en espacios públicos, y también prohíbe obligar a una persona a cubrirse la cara por motivos relacionados con el género, la religión, la edad o el origen. Las multas para los infractores oscilarán entre 150 y 3.000 euros, aunque se contemplan excepciones por razones de salud, profesionales, artísticas o meteorológicas, así como en lugares de culto, misiones diplomáticas y aeronaves.
El proyecto, presentado por el partido de extrema derecha Chega, recibió informes desfavorables del Colegio de Abogados de Portugal, el Consejo Superior del Ministerio Público y la Asociación Portuguesa de Mujeres Juristas, que además plantearon dudas sobre su posible inconstitucionalidad. La oposición de izquierda —encabezada por el Partido Socialista (PS), el bloque Livre y el Partido Comunista Portugués (PCP)— denunció el "propósito islamófobo evidente" de la iniciativa y advirtió de que la medida podría alimentar el racismo, la xenofobia y el discurso de odio contra las comunidades musulmanas. Livre, por su parte, acusó a la derecha de hipocresía y de generar un "pánico moral ante una supuesta invasión islámica".
Seguro reconoció que el debate en torno a la ley es de "gran sensibilidad social y cultural", pero defendió la medida como necesaria para preservar la identificación y la comunicación en el espacio público. Con su promulgación, Portugal se suma a otros países europeos que han adoptado restricciones similares, reabriendo el debate sobre los límites de la libertad religiosa y la laicidad del Estado en el continente.
