Santo Domingo.– El expediente más polémico de la corrupción tecnológica en el país tiene los días contados en la fase preliminar. Este viernes cerró la audiencia preliminar contra el exdirector del Intrant, Hugo Beras, el empresario José Ángel Gómez Canaán (Jochy Gómez) y otros 15 imputados, acusados por el Ministerio Público de un monumental esquema de sabotaje a la red semafórica del Gran Santo Domingo y un desfalco de más de 1,300 millones de pesos al Estado dominicano. Al finalizar la jornada, los abogados defensores reiteraron su postura: pedirán un auto de no ha lugar. La decisión del tribunal se conocerá el próximo 5 de junio.
La jornada estuvo marcada por la intervención de Gómez Canaán, quien rompió su silencio procesal para lanzar una afirmación que busca invertir la narrativa. "El Estado dominicano mantiene una deuda superior a los 800 millones de pesos con la empresa Transcore", aseguró el empresario. Explicó que, aunque la compañía recibió un anticipo de 263 millones, ejecutó inversiones por más de 1,100 millones en el proyecto semafórico. Sin embargo, Gómez Canaán no abordó los señalamientos del Ministerio Público sobre la presunta falsificación de documentos, un silencio que sus acusadores no pasaron por alto.
La acusación del MP: un entramado de empresas fantasma y control criminal
La tesis de la Fiscalía es que Gómez Canaán, a través de empresas como Transcore Latam, Dekolor y PagoRD Xchange, se benefició de contratos fraudulentos y ejerció un control ilegal sobre los sistemas semafóricos, de videovigilancia y, en un giro especialmente grave, de espionaje tecnológico. A Beras se le imputa haber facilitado adjudicaciones irregulares a empresas sin capacidad técnica y haber participado en la manipulación del sistema semafórico y de videovigilancia. El Ministerio Público ha calificado los hechos como estafa contra el Estado, sabotaje y terrorismo, delitos que podrían conllevar penas severas.
Durante la audiencia, los imputados y sus abogados insistieron en que las pruebas son insuficientes. La defensa de Beras argumentó que su cliente actuó conforme a los procedimientos administrativos y que no hay evidencia de beneficio personal. Los representantes legales de Gómez Canaán, por su parte, se centraron en la tesis de la deuda estatal, buscando desacreditar la acusación de desfalco.
El tribunal deliberará y los acusados esperan
El juez del Primer Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional deberá decidir si hay méritos para enviar a juicio de fondo a los 17 imputados (personas físicas y jurídicas). El caso, conocido como el "Caso Semáforos", ha conmocionado a la opinión pública por la magnitud del supuesto fraude y por la naturaleza de los delitos: sabotaje a una infraestructura crítica para la movilidad urbana.
La declaración de Gómez Canaán sobre la deuda estatal añade un nuevo elemento de debate. Si bien el MP sostiene que se trata de una maniobra para justificar el desvío de fondos, la defensa espera que este argumento cale en el tribunal. La fiscalía, por su parte, confía en que los peritajes, los correos electrónicos intervenidos y los testimonios prueben un entramado criminal.
El 5 de junio, a las 9:00 de la mañana, se conocerá el fallo. Si el tribunal dicta auto de no ha lugar, los acusados quedarían libres de los cargos. Si no, se abriría un juicio de fondo que podría durar meses. Mientras tanto, los semáforos del Gran Santo Domingo siguen funcionando, pero la confianza en el sistema aún no se ha recuperado. La justicia tiene la palabra. Y el país, la mirada fija en el calendario.
