El Gobierno de Giorgia Meloni aprobó este martes 20 de octubre un nuevo decreto ley de seguridad pública y lucha contra la delincuencia juvenil, conocido como ‘decreto Cortei’, tras los disturbios registrados en varias ciudades italianas. Se trata del octavo paquete de medidas de seguridad impulsado por el Ejecutivo desde su llegada al poder en octubre de 2022.
La reunión del Consejo de Ministros, convocada inicialmente para las 17:30, comenzó casi una hora más tarde, a las 18:25, y estuvo marcada por discrepancias entre el Gobierno y la Presidencia de la República, encabezada por Sergio Mattarella, sobre algunas medidas. Según trascendió, Mattarella objetó la posibilidad de atribuir funciones de Policía judicial a los militares, disposición que finalmente fue retirada. También se eliminó inicialmente la extensión de la detención preventiva a menores, aunque Meloni anunció después su recuperación.
Nuevo delito y penas más duras
La principal novedad es la creación del delito de participación violenta en manifestaciones públicas. La norma sanciona a quienes, formando parte de grupos de cinco o más personas, utilicen objetos capaces de causar daño —piedras, petardos o palos— y generen un peligro concreto. Las penas pueden alcanzar hasta cinco años de prisión y multas de hasta 20.000 euros, y se agravan si el rostro estaba cubierto o si se ha herido a alguien. También se endurecen las sanciones por actos de devastación en grupo.
El Ministerio de Justicia amplió además la figura de la ‘flagrancia diferida’ a delitos de devastación y saqueo, ataques contra instalaciones de utilidad pública, participación violenta en manifestaciones y daños cometidos en grupo. Asimismo, las lesiones causadas a agentes u oficiales de la Policía Judicial o de las fuerzas de seguridad podrán perseguirse de oficio en todos los casos, y no solo en los supuestos agravados.
Menores: presunción de imputabilidad y medidas cautelares
El decreto contempla la posibilidad de atribuir responsabilidad penal a los menores de entre 14 y 18 años mediante una presunción de imputabilidad, salvo que se demuestre lo contrario. Hasta ahora, el Código Rocco exigía acreditar la capacidad del menor para comprender sus actos y actuar conforme a esa comprensión. La norma extiende también a los menores la ‘flagrancia diferida’ y permite que los jueces impongan medidas cautelares a los mayores de 16 años, incluso cuando estas puedan interrumpir procesos educativos en curso.
Militares en Milán y nuevo delito de organización
El ministro del Interior, Matteo Piantedosi, confirmó que la norma contempla el despliegue de 500 militares del Ejército italiano para reforzar la seguridad en Milán hasta el 31 de diciembre de 2026. Por su parte, el ministro de Justicia, Carlo Nordio, anunció la creación de un delito específico, castigado con penas de entre cuatro y 12 años de prisión, para quienes promuevan la formación de grupos destinados a organizar manifestaciones violentas, incluso mediante herramientas informáticas o telemáticas. La medida contempla penas de hasta 12 años para quienes utilicen las redes sociales para organizar grupos y concentraciones de este tipo.
Una política de seguridad acumulada
Con este ya son ocho los paquetes de seguridad aprobados por el Gobierno de Meloni. Entre los anteriores figuran el decreto antirave de 2022; el decreto Cutro de 2023, para endurecer las penas contra traficantes de inmigrantes; el decreto Caivano de 2023, contra bandas juveniles; la ley 48 de 2024, que introdujo 12 nuevos delitos; el decreto ley de febrero de 2026, que reforzó el control sobre cuchillos e introdujo el ‘daspo’ urbano; la ley de seguridad de julio de 2026, que impide reclamar indemnización civil a quienes sufran daños mientras cometen un delito; y las normas antimaranza de julio de 2026, que modificaron las reglas sobre imputabilidad de menores.
