El régimen iraní ha ejecutado al menos a 901 personas en los primeros siete meses de 2026, según un informe del Centro Abdorrahman Boroumand para los Derechos Humanos en Irán, con sede en Washington. La cifra, que incluye 28 ejecuciones solo en agosto, confirma una tendencia al alza en el uso de la pena de muerte, con un impacto desproporcionado sobre presos políticos, minorías étnicas y condenados por delitos de drogas.
Entre enero y julio, al menos 56 personas fueron ejecutadas por cargos relacionados con la seguridad nacional o política: 29 vinculadas a protestas públicas, 13 por espionaje y 14 por otros delitos de seguridad. Los delitos de drogas representaron 268 ejecuciones. Las minorías étnicas han sido especialmente castigadas: 98 ejecutados pertenecían a estos grupos, entre ellos 40 baluches, 29 kurdos, 21 afganos, seis árabes, un turco y un turcomano.
El informe también documenta la ejecución de 16 mujeres y dos personas que eran menores de 18 años en el momento de los presuntos delitos. Cinco ejecuciones se llevaron a cabo en público. Las provincias con más ejecuciones fueron Razavi Khorasan (95), Isfahán (71) y Alborz (57).
Las cifras se suman a la creciente preocupación internacional. En un informe presentado a la Asamblea General de la ONU, el secretario general António Guterres señaló que al menos 975 personas fueron ejecutadas en Irán en 2024 —un aumento del 17% respecto al año anterior y la cifra anual más alta desde 2015—, y que en el primer semestre de 2025 ya se registraban 612 ejecuciones, un 119% más que en el mismo periodo de 2024. La ONU ha reiterado su alarma por el uso de la pena de muerte en delitos de drogas, cargos de seguridad y contra minorías, así como por la falta de garantías de un juicio justo y el uso de confesiones obtenidas bajo tortura.
