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Irán confirma ejecución inminente de detenido en medio de protestas y acusaciones de procesos extrajudiciales

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Las autoridades iraníes han confirmado la sentencia de muerte de Erfan Soltani, un joven de 26 años detenido el pasado 7 de enero en su domicilio de Fardis, en lo que organizaciones de derechos humanos denuncian como un proceso acelerado y sin garantías judiciales. Según el grupo Hengau, la familia de Soltani fue informada de que la ejecución se llevará a cabo este mismo miércoles.

Soltani fue arrestado durante las recientes protestas antigubernamentales y, según fuentes cercanas a su familia, se le dictó sentencia de muerte apenas cuatro días después de su detención, sin haber tenido acceso a un abogado de su elección en ningún momento del proceso. Actualmente se encuentra recluido en la prisión de Qazl-Hisar, en Karaj.

Su hermana, abogada de profesión, ha intentado sin éxito obtener un poder notarial para acceder al caso e investigar los procedimientos, encontrándose con la negativa sistemática de las autoridades. La familia tiene previsto visitarlo en prisión hoy, en lo que podría ser su último encuentro.

Este caso se produce en un contexto de creciente represión y tras la reciente estimación de un alto cargo iraní que cifró en alrededor de 2.000 las muertes durante las protestas. Organizaciones internacionales han manifestado su alarma ante la posible existencia de tribunales ad hoc y el uso de la pena capital como instrumento de disuasión y castigo ejemplarizante.

Gholamhossein Mohseni Ezhai, jefe del poder judicial iraní, ha reiterado que el sistema judicial no interferirá en los casos de quienes el gobierno considera “agitadores”. Mientras, la comunidad internacional sigue con atención la situación: el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, advirtió recientemente en una entrevista con CBS News que su administración tomaría “medidas muy fuertes” contra el régimen si se confirma la ejecución de manifestantes.

La situación refleja una crisis de derechos humanos en intensificación, donde las ejecuciones extrajudiciales y la falta de garantías procesales podrían afectar a miles de detenidos aún bajo custodia.