El Gobierno de Pedro Sánchez ha dado de plazo hasta el próximo domingo, 9 de agosto, a Italia para que levante los controles fronterizos impuestos a los viajeros procedentes de España. En un comunicado difundido este viernes, el Ejecutivo español califica la medida como "injusta, contraria a los intereses de la Unión Europea y discriminatoria hacia la población española", y advierte de que, de no producirse una retirada, adoptará "medidas proporcionadas" en defensa de los intereses de los ciudadanos españoles.
Roma justificó el restablecimiento temporal de los controles el pasado 1 de agosto alegando la crisis migratoria vivida en Ceuta, aunque las inspecciones afectan principalmente al tráfico aéreo y marítimo entre ambos países. Madrid rechaza de plano esa justificación y sostiene que la decisión "se basa en argumentos espurios incompatibles con el Código de Fronteras Schengen y con los hechos". El Ejecutivo español recuerda que ninguno de los inmigrantes que accedieron irregularmente a Ceuta puede circular libremente por el espacio Schengen, ya que la ciudad autónoma cuenta con un régimen especial, y subraya que la inmensa mayoría ya ha regresado a Marruecos, por lo que no existe riesgo alguno para los demás Estados miembros.
En su réplica, España cuestiona la coherencia de Italia en materia migratoria y señala que, según datos de Frontex, el país transalpino ha registrado en los últimos años el mayor número de cruces irregulares de fronteras de la UE, llegando a duplicar en algunos periodos las cifras españolas. Además, reprocha a Roma que desde 2022 incumpla el Reglamento de Dublín, trasladando una mayor presión migratoria al resto de socios europeos. En contraste, el Gobierno español destaca que nunca respondió con controles fronterizos pese a esa situación, y recuerda que mostró solidaridad con Italia al acoger parte de los inmigrantes llegados a Lampedusa en 2023 y al abrir sus puertos en reiteradas ocasiones a personas rescatadas en el Mediterráneo Central.
Si Italia mantiene los controles más allá del domingo, España se verá obligada a activar "medidas proporcionadas" para proteger los intereses y la dignidad de sus ciudadanos, aunque por el momento no ha concretado cuáles serían. El Ejecutivo confía en que "el compromiso con el proyecto europeo, el sentido común y la buena fe" prevalezcan, y acusa al Gobierno italiano de generar "divisiones y conflictos estériles impulsados por motivaciones electorales internas". El pulso entre Madrid y Roma tensa aún más el ambiente en la UE, justo cuando el bloque trataba de recomponer la confianza tras la crisis de Ceuta.
