Un informe elaborado por la unidad de inteligencia de la Comisaría General de Extranjería y Fronteras (Cenif) ha desatado una tormenta política en España al apuntar directamente a gendarmes marroquíes como responsables de la entrada masiva de inmigrantes en Ceuta el pasado mes de julio. El documento, al que han tenido acceso varios medios, sostiene que agentes uniformados y de paisano del país vecino guiaron a los inmigrantes hacia puntos concretos de la frontera con el objetivo de colapsar el sistema de control español y neutralizar la capacidad de respuesta del Estado, en una operación vinculada a las reivindicaciones territoriales de Rabat sobre Ceuta y Melilla.
El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha reclamado este miércoles al director general de la Policía Nacional, Francisco Pardo, que confirme la veracidad de las informaciones publicadas y, en caso afirmativo, que aclare desde cuándo disponía la Policía de estos datos. En una carta remitida anoche, Marlaska considera esa información «absolutamente esencial» para que el Gobierno pueda «adoptar las decisiones oportunas» y recuerda que, al haberse declarado una situación de interés para la seguridad nacional, este tipo de información debe trasladarse de inmediato al Consejo de Seguridad Nacional y al resto de organismos competentes.
La reunión entre Pardo y los agentes que elaboraron el informe se produce después de que el Gobierno asegurara que desconocía la existencia del documento. Fuentes de La Moncloa han mostrado su sorpresa por que la Policía no compartiera esta información con el Ejecutivo, dada su relevancia para la Seguridad Nacional. La ministra portavoz, Elma Saiz, reiteró este miércoles que el Gobierno no tenía constancia del informe, mientras el ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, afirmaba en RNE que «lo fundamental es saber desde cuándo tenía ese informe la Policía y desde cuándo se conoce».
Contenido del informe: gendarmes uniformados y agentes de paisano
Según los medios que han tenido acceso al documento, Marlaska recibió el 29 de julio un primer informe del Cenif que advertía de un «riesgo extremo de entrada masiva» en Ceuta. El texto incluye fotografías y nombres de supuestos implicados, entre ellos gendarmes uniformados que habrían dirigido a los inmigrantes hacia puntos concretos de acceso y presuntos agentes de inteligencia de paisano que, según los registros gráficos, habrían dado instrucciones sobre el terreno en el espigón de El Tarajal.
El informe añade que 14 presuntos yihadistas lograron entrar en Ceuta entre el 30 y el 31 de julio, una afirmación que el Ministerio del Interior negó posteriormente. Las fuentes citadas describen el episodio como una supuesta operación de contrainteligencia ofensiva que, entre otros objetivos, habría buscado poner en entredicho al Centro Nacional de Inteligencia (CNI) por no haber previsto la entrada masiva. El análisis forma parte de la información solicitada por la juez de la Audiencia Nacional María Tardón para determinar si existen indicios de que la actuación marroquí pudiera estar relacionada con un delito contra la independencia del Estado.
Reacciones políticas y protestas en toda España
La publicación del informe ha elevado la presión sobre el Gobierno, que este miércoles afronta protestas en toda España por la gestión de la crisis migratoria en Ceuta. El sindicato policial Jupol y partidos de la oposición han reclamado dimisiones y exigen explicaciones sobre cómo se gestionó la información y qué decisiones se adoptaron durante la crisis. La ministra de Sanidad, Mónica García, ha asegurado que, «de ser así», el informe apuntaría a una «responsabilidad directa» de Marruecos y ha señalado que es «imperativo» que el Gobierno exija explicaciones a Rabat.
Sin embargo, el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, volvió este miércoles a señalar a redes vinculadas a Rusia por su papel en la llegada masiva de inmigrantes, a pesar del nuevo informe. En declaraciones a los medios, Albares afirmó que «hay muchos tuits de distintas personas, algunas con tareas gubernamentales, que están disponibles y son públicos» y que su colega ucraniano puso un tuit ese mismo día detallando cómo las redes rusas habían estado «muy, muy activas» en ese momento.
El Gobierno de Pedro Sánchez ha defendido hasta ahora que las últimas «evidencias» apuntan a Rusia, Israel y la internacional ultra como instigadores de una campaña de desinformación relacionada con la crisis, y sostiene que no existen pruebas de una participación marroquí. La versión oficial del Ejecutivo choca frontalmente con las conclusiones del informe policial, que apunta directamente a Rabat y sitúa el episodio como una operación deliberada para socavar la soberanía española en Ceuta. Con la incógnita sobre desde cuándo conocía la Policía esta información y por qué no fue trasladada al Gobierno, la crisis política se agrava, mientras la ciudad autónoma sigue al borde del colapso y la presión diplomática sobre Marruecos no cesa de aumentar.
