Nueve países candidatos —entre ellos Ucrania, Moldavia, Montenegro y Albania— compiten por entrar en la Unión Europea, mientras tres de las democracias más ricas del continente intentan mantenerse al margen. Islandia, el país más próspero y estable de los aspirantes, ha sido el último en confirmar su distancia. El pasado 29 de agosto, los votantes islandeses rechazaron reabrir las negociaciones de adhesión por un 52,8 % frente a un 47,2 %, una decisión que ha sacudido las expectativas de Bruselas y ha abierto un debate sobre el verdadero atractivo del proyecto europeo más allá de las fronteras de los países en desarrollo.
¿Por qué Islandia dice que no?
A diferencia de los candidatos del este y los Balcanes, para quienes la adhesión a la UE supone un ancla geopolítica, acceso a financiación y un marco de reformas irreversibles, Islandia ya disfruta de la mayoría de los beneficios económicos a través del Espacio Económico Europeo (EEE) y su seguridad está garantizada por la OTAN. Lo que quedaba sobre la mesa era, sobre todo, político: un asiento en las instituciones de Bruselas a cambio de ceder una mayor porción de soberanía.
"Los beneficios de la pertenencia a la UE son distintos para los países ricos y ya integrados", explica Tinatin Akhvlediani, responsable del programa de ampliación del Centro de Estudios de Política Europea (CEPS). "En países que ya cuentan con prosperidad, estabilidad y acceso al mercado, la UE tiene que articular un argumento político más sólido a favor de la adhesión". Y ese argumento, según reconoce la propia Unión, no se defendió con suficiente convicción.
La campaña del "sí" contaba con argumentos de peso: un tipo de interés del banco central del 8 % frente al 2,25 % del BCE, y una creciente tensión en el Ártico desde que Donald Trump reavivó las conversaciones sobre la posible compra de Groenlandia. Sin embargo, ni siquiera la seguridad, que había devuelto la cuestión europea a la agenda política islandesa, logró inclinar la balanza.
El factor decisivo fue la pesca. Alrededor del 90 % de las empresas pesqueras del país se opusieron frontalmente a la adhesión, reacias a someter sus aguas a la política pesquera común de la UE. "La pesca no es solo un sector económico en Islandia, sino algo estrechamente ligado a la identidad nacional", sostiene Akhvlediani. Los votantes sopesaron los riesgos geopolíticos frente a intereses domésticos muy concretos, y la soberanía sobre sus caladeros resultó más inmediata y políticamente relevante que el argumento estratégico a favor de una integración europea más profunda.
El patrón de los países ricos que se mantienen fuera
Islandia no es un caso aislado. Noruega ha incorporado a su legislación, a través del EEE, aproximadamente tres cuartas partes del acervo de la UE sin haber celebrado nunca una votación favorable a la adhesión. Las encuestas de este año muestran solo un 37 % de apoyo a la entrada, frente a un 49 % en contra, un patrón inalterado desde los rechazos de 1972 y 1994. Suiza, en lugar de buscar un asiento en la mesa, ha dedicado el último año a profundizar sus acuerdos bilaterales. Todos estos países tienen algo que otros candidatos no tienen: alternativas viables a la plena adhesión que les proporcionan gran parte de las ventajas económicas sin el coste político.
¿Qué supone para Bruselas?
Bruselas esperaba un resultado distinto. Un "sí" islandés habría sido una prueba del atractivo de la Unión, la demostración de que puede atraer a una democracia rica y en buen funcionamiento, y no solo a Estados en busca de rescate o reformas. También habría facilitado la venta del conjunto de la ampliación a las capitales más escépticas del bloque. El "no" complica ese relato, aunque analistas como Akhvlediani son cautos: "no es una buena noticia para el discurso de la ampliación, pero no supone un rechazo del proyecto europeo. Lo que confirma es un límite estructural al discurso de Bruselas: la integración económica no se traduce automáticamente en integración política".
La lección, según los expertos, apunta directamente a Oslo y a Suiza. Para países como Noruega, la cuestión es qué valor añadido aporta la plena adhesión en comparación con los marcos de relación de los que ya disponen. Para Ucrania, Moldavia y los Balcanes Occidentales, la respuesta es evidente: seguridad, financiación y una forma de blindar las reformas frente a posibles retrocesos. Para los países nórdicos ricos, no es así.
La línea divisoria en la política europea ya no pasa entre proeuropeos y antieuropeos. Se sitúa entre quienes quieren tener influencia dentro de las instituciones de Bruselas y quienes prefieren mantener el control desde fuera. Como resume Akhvlediani: "si la UE quiere seguir siendo un proyecto geopolítico atractivo, no solo tiene que preguntar a los candidatos qué deben hacer para entrar, también debe explicar con claridad qué les aporta la adhesión a cambio". Islandia ha dejado claro que, por ahora, la respuesta no convence.
