La doctora Jennifer Tufts, una de las psiquiatras que atendió a Lindsay Clancy en los meses previos a la muerte de sus tres hijos, ha solicitado que un panel especializado en negligencia médica determine si existen fundamentos para la denuncia presentada en su contra en enero de 2026. El pedido, según lo establecido por la legislación de Massachusetts, podría frenar o reencauzar la causa civil iniciada por la propia acusada, quien enfrenta un juicio penal por el asesinato de Cora (5 años), Dawson (3 años) y Callan (8 meses), a quienes, según la acusación, estranguló con bandas elásticas de ejercicio en la vivienda familiar de Duxbury.
Un panel de tres integrantes para evaluar la mala praxis
La ley de Massachusetts contempla un tribunal de negligencia médica integrado por tres especialistas —médicos y legales— para evaluar si existió mala praxis, aunque su activación no es automática: debe ser solicitada por una de las partes y puede ser desistida. Tufts busca que este panel analice su atención hacia la paciente y determine si hay pruebas que respalden la acusación de que no detectó ni trató adecuadamente el deterioro psiquiátrico de Clancy.
La disputa clínica: señales pasadas por alto o ausentes
El debate central gira en torno a si existieron señales clínicas suficientes antes de los homicidios. El perito presentado por Clancy, el doctor Whaley, sostiene que la psiquiatra debió detectar indicios de un trastorno bipolar con rasgos psicóticos. Sin embargo, la defensa de Tufts argumenta que no hubo alertas claras, ya que la paciente negó reiteradamente ideas suicidas, deseos de dañar a otros y alucinaciones. Los abogados de la especialista califican las conclusiones de Whaley como "especulación y análisis retrospectivo" y rechazan que debía haber recetado estabilizadores del ánimo o antipsicóticos.
Consultas virtuales y medicación prescrita
Tufts atendió a Clancy en 14 consultas virtuales entre septiembre de 2022 y enero de 2023, siendo la última el 23 de enero, un día antes de la tragedia. La psiquiatra afirma que prescribió lamotrigina, un estabilizador del estado de ánimo, y niega haber sido negligente. Su abogado defensor, Kevin Reddington, cuestionó su formación y decisiones clínicas, comparando su método con el de "un robot", y señaló que la paciente había llamado en dos ocasiones a una línea de prevención del suicidio, un dato que Tufts dijo desconocer.
El juicio penal y las demandas civiles
La defensa penal de Clancy sostiene que padecía psicosis posparto grave, mientras la fiscalía afirma que planificó los crímenes con plena intención. Tras la muerte de los niños, Clancy saltó desde una ventana del segundo piso en un intento de suicidio fallido que la dejó paralizada. Su exesposo, Patrick Clancy, también ha presentado una demanda civil contra los profesionales y organizaciones que la atendieron, acusando una prescripción descoordinada y una respuesta inadecuada a su deterioro psiquiátrico.
Tufts es una de las 11 personas demandadas en la causa civil, junto a otros profesionales y entidades como Aster Mental Health y South Shore Health System. Ambas solicitudes de desestimación —la de Tufts y la de Patrick— siguen pendientes mientras el juicio penal continúa.
