Mientras España levantaba este miércoles una orden de evacuación en una zona cercana a Madrid, Francia seguía combatiendo uno de sus peores incendios forestales en décadas, con un impacto económico que crece a cada hora y una presión cada vez mayor sobre el turismo y la red eléctrica de la región.
La Cámara de Comercio e Industria de Burdeos-Gironda ha cifrado en 40.000 las empresas afectadas directa o indirectamente por el fuego y las evacuaciones asociadas, lo que representa aproximadamente 200.000 puestos de trabajo. Patrick Seguin, presidente de la entidad, calificó la situación como "una mini Covid, una catástrofe económica" para un tejido empresarial ya debilitado por el contexto actual. El Ministerio de Economía francés, por su parte, estima que unos 130.000 empleados no han podido trabajar a causa de las llamas.
La cámara ha activado una línea de crisis que recibe un creciente número de llamadas de empresas que buscan ayuda para problemas de tesorería, aplazamiento de préstamos e impuestos, reclamaciones a seguros y acogerse al régimen de desempleo parcial. El impacto en el turismo es especialmente grave: los cámpines, que generan hasta el 80% de su facturación anual en verano, han sufrido evacuaciones masivas. Un total de 38 campamentos han sido desalojados —cuatro de ellos afectados por las llamas— y el martes unas 4.000 personas fueron evacuadas de alojamientos en Lacanau.
Para paliar los daños, el Gobierno francés ha anunciado ayudas de emergencia y este jueves se celebrará una reunión en el Ministerio de Economía para definir "respuestas más precisas". Mientras tanto, la red eléctrica regional se ha visto obligada a ajustes. El operador RTE ha integrado a sus equipos en el centro de mando de los bomberos para coordinar la protección de infraestructuras críticas, y ha desconectado líneas y subestaciones para garantizar la seguridad de los equipos de extinción. Hasta el momento no se han registrado cortes en la red de transporte.
El incendio, que ha arrasado 42.000 hectáreas y ha forzado la evacuación de más de 220.000 personas, se mantenía estabilizado pero no controlado al cierre de esta edición. Aunque unos 60.000 residentes han recibido autorización para regresar a sus hogares, las autoridades no descartan nuevos rebrotes ante el aumento de las temperaturas y el viento. La crisis, que ya se cobra un alto precio en vidas, bienes y empleos, mantiene en vilo a toda la región de Gironda.
