El Kremlin ha elevado la presión sobre Telegram al máximo este miércoles, al declarar en busca y captura a su fundador, Pável Dúrov, residente en el extranjero, en el marco de una ofensiva del Estado ruso contra las plataformas digitales que considera una amenaza para la seguridad nacional.
El Servicio Federal de Seguridad (FSB) acusa a Dúrov, de 41 años, de colaborar con actividades terroristas, según el artículo 205.1 del Código Penal ruso, una imputación que ya le había sido formulada en marzo pasado. En un comunicado oficial, el FSB denunció que Telegram no ha eliminado numerosos canales, chats y bots utilizados por agencias ucranianas, grupos extremistas y terroristas para "organizar y coordinar sabotajes, atentados, asesinatos masivos y fraude cibernético en Rusia", lo que, según la acusación, ha causado "numerosas víctimas, incluyendo mujeres y menores, y miles de millones de dólares en daños materiales".
La decisión se produce dos días después de que el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, criticara la falta de diálogo de Telegram con las autoridades rusas, y se suma a una campaña de control de internet que ha incluido el bloqueo de redes sociales y la ralentización de la red en todo el país. El FSB asegura haber detenido en el último año a 46 jóvenes rusos —de entre 18 y 22 años— que habrían sido reclutados a través del chatbot Daivinchik/Leo, un supuesto servicio de citas, para actividades de sabotaje y terrorismo. Además, el Ministerio del Interior ha registrado más de 24.000 casos de estafas y otros delitos —tráfico de armas, narcotráfico y ciberataques— vinculados a la plataforma.
El tribunal Lefórtovo de Moscú emitirá en breve una medida cautelar contra Dúrov, que podría incluir dos meses de arresto en ausencia y, eventualmente, una solicitud de extradición a través de Interpol. Sin embargo, los abogados consultados por Kommersant consideran poco probable que Emiratos Árabes Unidos y Francia —países que han concedido la ciudadanía al fundador— accedan a una petición que consideran políticamente motivada. Dúrov podría ser condenado en rebeldía a cadena perpetua, según algunos juristas, aunque la plataforma mantiene por ahora su operativa legal en el país.
Dúrov, que apenas realiza apariciones públicas, respondió con una foto en la que muestra el dedo medio al FSB, una imagen que ya utilizó en 2011 cuando el holding Mail.ru intentó adquirir su anterior creación, VKontakte. Su desafío recuerda la batalla anterior del Kremlin por cerrar Telegram en 2018, que fracasó ante multitudinarias protestas populares. En los últimos meses, Dúrov ha animado a los rusos a usar VPN para sortear la censura, mientras el Estado impulsa sin éxito su propia alternativa, MAX. Pese a la presión, ciudadanos, funcionarios y soldados siguen recurriendo a Telegram, una plataforma con más de mil millones de usuarios en todo el mundo que mantiene su resistencia frente al asedio del poder.
