La acusación popular en el caso que investiga a Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, ha rebajado su solicitud de condena de 24 a 13 años de prisión, según el escrito presentado este lunes. La petición, que será debatida en un futuro juicio con jurado popular, se centra en los delitos de tráfico de influencias y malversación de patrimonio público.
El nuevo texto, impulsado por la asociación de extrema derecha Hazte Oír, modifica la solicitud inicial y establece penas específicas: dos años por tráfico de influencias, tres años por un delito continuado de malversación, y ocho años adicionales por el mismo delito en su modalidad no continuada. En el caso de Cristina Álvarez, asesora de Gómez, la petición de cárcel se ha reducido de 22 a 6 años.
La acusación sostiene que Gómez asumió la codirección de una cátedra en la Universidad Complutense de Madrid "sin que conste proceso de selección ni la titulación que habilitara su nombramiento", y la acusa de malversación por haber utilizado a su asesora —pagada con fondos públicos— para fines privados.
El escrito también solicita que declaren en el juicio un centenar de testigos, entre ellos Pedro Sánchez, por la "utilización de la Moncloa como ámbito relacional del proyecto", así como el ministro de Presidencia y Justicia, Félix Bolaños.
La presentación de esta nueva petición llega después de que el juez confirmara la decisión de juzgar a Begoña Gómez con jurado popular por los delitos de tráfico de influencias y malversación, tras el sobreseimiento de otros dos cargos (apropiación indebida y corrupción en los negocios). Además, el magistrado ha retirado las medidas cautelares que pesaban sobre Gómez, incluyendo la prohibición de salir del país, la entrega del pasaporte y la obligación de firmar quincenalmente, por lo que su pasaporte le será devuelto.
