El arancel del 25% impuesto por Estados Unidos a una parte de las importaciones brasileñas entra en vigor este miércoles, en medio de una tensa calma diplomática. La medida, resultado de una investigación de la Oficina del Representante de Comercio de EE.UU. (USTR), concluye que ciertas políticas brasileñas son "desleales" y perjudican a las empresas estadounidenses. Entre las prácticas señaladas se encuentran el sistema de pagos PIX, las barreras de acceso a los mercados automovilístico y de combustibles, la lucha contra la corrupción, las leyes de propiedad intelectual y la deforestación ilegal.
El gravamen afectará al 18% de las exportaciones brasileñas a EE.UU., aunque algunas asociaciones comerciales elevan el impacto hasta un tercio. Los sectores más perjudicados serán las máquinas industriales, el azúcar, el etanol, la madera y el calzado. No obstante, Washington ha eximido del arancel a unos 2.100 productos, entre ellos carne, café, petróleo, piezas para aviones, zumo de naranja y tierras raras, insumos estratégicos para el mercado estadounidense.
Frente a esta ofensiva comercial, el Gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva mantiene un delicado equilibrio. Aunque inicialmente anunció la activación inmediata de los trámites para aplicar represalias al amparo de la Ley de Reciprocidad, aprobada en abril de 2025, el tono se ha moderado en los días siguientes. El vicepresidente Geraldo Alckmin y varios ministros han priorizado el apoyo a las empresas afectadas y han rebajado la retórica beligerante. "La idea no es la retaliación. Dicen que 'ojo por ojo' y lo que puede pasar es que los dos queden ciegos", afirmó Alckmin este martes, calificando de "injustos e infundados" los argumentos de Washington, y recordando que EE.UU. mantiene un abultado superávit comercial con Brasil.
El Ejecutivo brasileño escucha a los sectores productivos, que se oponen a una escalada arancelaria con uno de sus mayores socios comerciales, y apuesta por la vía negociadora. Sin embargo, la amenaza de un nuevo arancel del 12,5% —como consecuencia de la investigación que EE.UU. mantiene contra 60 países por presunto trabajo forzoso— agrava la incertidumbre.
Lula, por su parte, se ha mantenido en un discreto silencio público, a la espera de que Trump explique las razones del nuevo "tarifazo". "Cuando Trump hable, yo hablaré", zanjó el presidente en un acto en Río de Janeiro. El trasfondo político es ineludible: el arancel llega en plena campaña para las elecciones presidenciales de octubre, donde Lula buscará un cuarto mandato no consecutivo y su principal adversario será Flávio Bolsonaro, hijo del expresidente Jair Bolsonaro y aliado de Trump, un factor que añade una dimensión electoral a la crisis comercial. Mientras Brasilia negocia, el reloj y las urnas corren en paralelo.
