Washington D.C., Estados Unidos.– El controvertido fondo de 1.776 millones de dólares (1.530 millones de euros) establecido por la Administración del presidente Donald Trump para indemnizar a personas que se consideren investigadas por motivos políticos ha generado un fuerte rechazo dentro de la propia bancada republicana en el Senado, al punto de paralizar un proyecto de ley de financiación migratoria y dividir al partido de Gobierno.
El fondo, descrito por la Casa Blanca como una medida «contra la instrumentalización de la Justicia», fue creado como parte de un acuerdo extrajudicial alcanzado en el marco de la demanda que Trump presentó contra el Departamento del Tesoro por la filtración de sus declaraciones de renta. Sin embargo, sus detractores —incluidos varios senadores republicanos— sostienen que podría utilizarse para recompensar a simpatizantes políticos del mandatario, incluso a personas implicadas en el asalto al Capitolio del 6 de enero de 2021.
Bloqueo judicial y división en el partido
El Departamento de Justicia anunció que acatará una orden judicial emitida por la jueza federal Leonie Brinkema, que ha paralizado temporalmente el fondo por dos semanas y ha fijado una vista para el 12 de junio, en la que estudiará si prolonga la suspensión. Aunque el Departamento afirmó que discrepa «profundamente» del fallo, varios senadores republicanos insistieron en que acatar la orden no es suficiente.
El líder de la mayoría en el Senado, John Thune, afirmó que «la mejor manera de resolverlo es que el Gobierno decida cerrarlo por su cuenta». El senador Chuck Grassley, presidente de la Comisión Judicial, exigió que Trump deje claro que el fondo no seguirá adelante. Su colega James Lankford (Oklahoma) pidió garantías explícitas de que se abandonará la propuesta, mientras que Lisa Murkowski (Alaska) dijo que solo se daría por satisfecha si el fondo se retira por completo.
Un proyecto de ley migratorio en el fuego cruzado
La disputa ha paralizado un proyecto de ley pendiente de aprobación en la Cámara de Representantes, que busca proporcionar financiación durante tres años a agencias migratorias como el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) y la Patrulla Fronteriza. Los republicanos abandonaron Washington antes del receso de Memorial Day (22 de mayo) sin aprobar la medida, después de que los demócratas amenazaran con presentar enmiendas para reducir o eliminar el fondo.
En respuesta, los senadores republicanos retiraron del proyecto de ley una partida destinada a la seguridad de la Casa Blanca —que incluía financiación para el polémico salón de baile de Trump— y advirtieron que no respaldarían la propuesta a menos que el Gobierno reconsidere su acuerdo extrajudicial. El senador John Kennedy (Luisiana) sentenció: «Ahora mismo, el proyecto de ley de reconciliación parece un brazo roto con los huesos al aire».
¿Trump da marcha atrás?
Según informó la agencia AP, una persona familiarizada con el asunto afirmó que Trump se está replanteando si seguir adelante con el fondo, aunque el presidente aún no se ha pronunciado públicamente. El líder de la mayoría, John Thune, declaró el lunes que sigue sin estar claro si el proyecto de ley migratorio avanzará esta semana: «Por determinar», dijo a los periodistas. La resolución del conflicto determinará no solo el futuro del fondo, sino también la viabilidad de una ley clave para la seguridad fronteriza en pleno año electoral.
