Madrid, España.– La transformación económica de Cuba con motivo de un eventual cambio político implicará «sacrificios» para la población y requerirá un «plan Marshall» de recuperación, similar al programa estadounidense para Europa occidental tras la II Guerra Mundial, según coincidieron este martes varios economistas en un foro de debate sobre el futuro de la isla celebrado en Madrid.
El presidente de la Unión Liberal Cubana, Elías Amor, citó el ejemplo de los antiguos países comunistas del este de Europa —que tenían los mismos problemas económicos y de escasez que afronta Cuba, pero fueron capaces de cambiar el sistema— para argumentar que la receta pasa por la libertad de elegir derechos como la propiedad privada, el mecanismo de mercado como instrumento de asignación de recursos, la capacidad de predecir el impacto de las decisiones económicas y un Estado «pequeño y eficiente». Según Amor, esto permitirá generar recursos para una sanidad pública y privada, una educación pública y privada, y mecanismos de «equilibrio social» para ajustar las desigualdades que «lógicamente van a aparecer», aunque las actuales «son mucho más terribles».
No obstante, advirtió de que el paso del modelo «marxista, leninista, comunista» a una economía de mercado «va a traer sacrificios para la población», incluyendo recortes presupuestarios y la privatización de la gran mayoría de las 2.300 empresas estatales, lo que exigirá readaptación laboral, aunque también generará nuevas oportunidades de empleo. Amor confió en un «milagro cubano» que aumente significativamente la productividad y atraiga capital, y resumió: «Queremos un modelo económico próspero con un sistema político estable, predecible, que le dé a Cuba credibilidad».
Cuba, sin capacidad propia para salir de su crisis
Por su parte, el codirector del laboratorio de ideas Cuba X Cuba, Mauricio de Miranda, describió una economía cubana con problemas «estructurales» y «altísima vulnerabilidad externa»: industria destruida, agricultura insuficiente, falta de ahorro e inversión doméstica, severos problemas demográficos (envejecimiento y migración masiva de jóvenes), y deterioro de los sistemas de salud y educación. En el período 2019-2024, el promedio anual del PIB ha sido negativo, con ingresos de la población «considerablemente bajos». «La economía cubana no tiene la capacidad de salir por sí sola de la crisis en la que está», concluyó De Miranda, quien aseguró que Cuba necesita «importar ahorro del mundo» sin seguir «mendigando» a la desaparecida URSS o Venezuela.
«Cuba necesita un plan Marshall», afirmó De Miranda, debido a su «incapacidad para generar ahorro» y porque «todos los sectores de la economía se han desplomado» en una situación «gravísima» de crisis social y humanitaria. Los recursos podrían provenir de gobiernos desarrollados en forma de donación o créditos, así como de los cubanos en el exterior, porque Cuba está «tan pobre como Haití». De Miranda se mostró partidario de una «economía social de mercado», con liberalización de los mercados laborales, de capitales cambiarios, eliminación de restricciones al emprendimiento y atracción de inversión, pero advirtió que lo primero es la «democratización de la sociedad».
Recobrar la confianza financiera internacional
De Miranda subrayó que es «imprescindible» el reingreso de Cuba en organismos multilaterales como el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial. La especialista Mileydi Guilarte (Fomento Strategies) advirtió que recuperar la confianza financiera internacional «exigirá mucho más que declaraciones políticas»; requerirá «reformas concretas, señales claras y compromisos verificables». «La lógica es simple: sin confianza no hay financiamiento. Sin financiamiento no hay reconstrucción», resumió.
Finalmente, el abogado Ernesto Gutiérrez Tamargo constató que Cuba tiene una crisis económica «sistémica enormemente importante» porque adolece fundamentalmente de un «estado de derecho». Por ello, dedujo que no hay manera posible de estructurar una transformación empresarial, económica y social sin un cambio que garantice estabilidad y seguridad jurídica democrática.
