Madrid. — El nuevo sistema mixto puesto en marcha por el Gobierno y la Iglesia católica para reparar a las víctimas de abusos sexuales en su seno ha desbordado todas las expectativas. En solo 15 días —desde su apertura el 15 de abril— la Oficina para el Reconocimiento y la Reparación de los Abusos Sexuales ha acumulado 300 solicitudes, una cifra que casi cuadruplica las 89 peticiones registradas por el plan Priva de la propia Iglesia en todo un año de funcionamiento.
El mecanismo nació del acuerdo alcanzado el 8 de enero entre el Ejecutivo, la Conferencia Episcopal Española (CEE), la Confederación Española de Religiosos (Confer) y el Defensor del Pueblo. El protocolo que lo desarrolla se firmó el 30 de marzo, y la oficina, adscrita al Ministerio de Presidencia, abrió sus puertas el 15 de abril.
La clave: la Iglesia asume las indemnizaciones, el Estado garantiza la tramitación
Lo que diferencia a este sistema de los anteriores es el reparto de roles: la Iglesia asume las compensaciones económicas, sin límite máximo, mientras que el Estado aporta la estructura institucional para tramitarlas. Las reparaciones pueden ser económicas, simbólicas, restaurativas o espirituales, y están exentas de tributación —una demanda histórica de las víctimas, después de que Hacienda reclamara impuestos por indemnizaciones previas—.
Requisitos y procedimiento
El acceso está restringido a víctimas que no tienen vía judicial: casos prescritos o en los que el agresor ha fallecido. Además, los hechos deben haber ocurrido cuando la víctima era menor de edad o persona con discapacidad.
Las solicitudes pueden presentarse por las propias víctimas o sus representantes acreditados, a través de la sede electrónica del Ministerio de Presidencia. Una vez recibidas, pasan a la Unidad de Víctimas del Defensor del Pueblo, formada por especialistas independientes, que elabora una propuesta de reparación. Si ambas partes (Iglesia y víctima) la aceptan, es definitiva. Si no, interviene una Comisión Mixta con representación de todas las instituciones. En caso de desacuerdo persistente, la última palabra la tiene el Defensor del Pueblo.
Las víctimas que ya se habían acogido al plan Priva (el sistema eclesiástico creado en 2024) pueden pasarse al nuevo mecanismo, aunque a partir de ahora deberán elegir uno u otro.
El fracaso del plan Priva y la confianza en el Estado
El dato más revelador del arranque es la comparación: el plan Priva acumuló 89 solicitudes en un año; la oficina estatal ha recibido 300 en dos semanas. La diferencia confirma lo que las asociaciones de víctimas llevan años denunciando: muchas personas no confían en que sea la propia institución señalada la que gestione y resuelva sus reclamaciones. La presencia del Estado como garante, con el Defensor del Pueblo en un papel arbitral, ha reducido ese freno.
El mecanismo estará vigente un año, prorrogable a un segundo.
Europa también mira al pasado
España no es el único país que intenta saldar esta deuda. En marzo de este año, la Iglesia portuguesa anunció el pago de más de 1,6 millones de euros a 57 víctimas, tras un informe de 2023 que estimó un mínimo de 4.800 menores abusados desde 1950. En Francia, un estudio encargado por el Estado en 2021 cifraba en al menos 330.000 los casos ocurridos en las últimas siete décadas.
En España, el informe del Defensor del Pueblo encargado por el Congreso situaba el alcance del problema como uno de los más graves y sistemáticos de Europa occidental. La nueva oficina es, por tanto, el primer intento real de traducir ese reconocimiento en reparaciones concretas con respaldo institucional.
En resumen: En apenas dos semanas, la oficina estatal para víctimas de abusos en la Iglesia ha recibido 300 solicitudes, casi cuatro veces más que el plan eclesiástico en un año. La diferencia de confianza explica el salto. Las indemnizaciones, sin límite y exentas de impuestos, son asumidas por la Iglesia; el Estado garantiza la tramitación. El mecanismo estará vigente un año prorrogable.
