El caso de Noelia Castillo, una joven española de 25 años que recibió la eutanasia tras una larga batalla judicial, ha reavivado el debate sobre los cuidados al final de la vida en Europa. Mientras España, Países Bajos, Bélgica, Luxemburgo y Austria permiten la muerte asistida bajo estrictas condiciones, otros países como Francia y Portugal aún debaten su legalización.
El jueves 26 de marzo, Noelia Castillo, una española de 25 años que quedó parapléjica tras intentar quitarse la vida en 2022 después de sufrir una agresión sexual, recibió la eutanasia en un centro sanitario cercano a Barcelona. Su caso ha desatado polémica en toda España después de que su padre iniciara un recurso judicial respaldado por el grupo conservador Abogados Cristianos, alegando que la joven no tenía la capacidad mental necesaria para tomar esta decisión.
Tras un procedimiento judicial de 20 meses, en el que intervinieron el Tribunal Supremo, el Tribunal Constitucional y el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, todas las resoluciones avalaron la decisión de Castillo.
España: la ley de 2021
En España, la eutanasia y el suicidio asistido se legalizaron en 2021. Los pacientes deben padecer una enfermedad grave e incurable, o una dolencia grave, crónica y discapacitante acreditada por el médico responsable. Deben presentar dos solicitudes, de forma voluntaria y sin presión externa, con un intervalo mínimo de 15 días naturales entre ambas.
Países Bajos: pionero en 2002
Países Bajos fue el primer país del mundo en legalizar la eutanasia en 2002. La ley permite la eutanasia cuando un paciente sufre de forma insoportable y sin perspectiva de recuperación, aplicándose tanto a enfermedades psiquiátricas como físicas. La legislación exige que los médicos se aseguren de que la petición es voluntaria y está bien meditada, que el sufrimiento es insoportable y sin expectativas de mejora, que informen al paciente de su situación y pronóstico, que concluyan que no existe una alternativa razonable y que soliciten la consulta de un médico independiente.
Bélgica: despenalización en 2002
Bélgica despenalizó la eutanasia en 2002 bajo circunstancias específicas. El procedimiento debe ser solicitado por el propio paciente, que en el momento de la petición debe estar en plenas facultades mentales y ser consciente. El paciente debe padecer una enfermedad médica terminal y un sufrimiento físico y/o psicológico persistente e insoportable que no pueda aliviarse.
Luxemburgo: ley de 2009
En 2009, Luxemburgo aprobó una ley sobre eutanasia y suicidio asistido que ofrece a los pacientes la posibilidad de morir si su sufrimiento se considera insoportable. Para solicitar el procedimiento, el paciente debe padecer una enfermedad incurable derivada de un accidente o de una dolencia. La petición debe formularse cuando el paciente está consciente, es mayor de edad y capaz de tomar sus propias decisiones sin presiones externas.
Austria: modelo de 2022
Austria permite la muerte asistida desde 2022, pero su modelo solo admite estrictamente la ayuda para morir de forma voluntaria, en la que el paciente debe autoadministrarse la medicación, dispensada por una farmacia tras un riguroso proceso de validación. El acceso se limita a personas adultas con capacidad de decisión que padezcan una enfermedad grave, incurable y permanente que provoque una "limitación permanente del modo de vida".
Francia, Portugal y otros países en proceso
En Francia, el presidente Emmanuel Macron se comprometió tras su reelección en 2022 a presentar una ley sobre muerte asistida. La propuesta ha estado rodeada de polémica desde que se presentó oficialmente en 2024, y el texto ha ido y venido entre la Asamblea Nacional y el Senado. El proceso sigue abierto.
El Parlamento portugués aprobó en 2023 una ley sobre eutanasia y muerte asistida, pero aún no ha entrado en vigor tras haber sido vetada en dos ocasiones por el presidente y recurrida ante el Tribunal Constitucional.
En Eslovenia, un referéndum consultivo celebrado en 2024 respaldó la muerte asistida, que la Asamblea Nacional convirtió en ley en 2025. Sin embargo, en un segundo referéndum vinculante a finales del año pasado, el 53% de los votantes rechazó la norma. Su aplicación quedará ahora suspendida durante al menos un año.
El caso de Noelia Castillo ha reabierto el debate en España y Europa sobre los límites y garantías de la eutanasia, en un momento en que varios países europeos han legalizado la muerte asistida y otros continúan debatiendo su regulación.
