El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, declaró este martes el estado de excepción en siete provincias —Carchi, Imbabura, Pichincha, Azuay, Bolívar, Cotopaxi y Santo Domingo— como respuesta a las crecientes protestas tras el anuncio del fin del subsidio al diésel.
De acuerdo con el Decreto Ejecutivo 134, las manifestaciones “han alterado el orden público, provocando situaciones de violencia manifiesta que ponen en riesgo la seguridad de los ciudadanos y sus derechos a la libre circulación, al trabajo y al ejercicio de actividades económicas”.
La medida, que tendrá una vigencia inicial de 60 días, contempla la suspensión del derecho de reunión en las provincias afectadas, con el objetivo de frenar aglomeraciones. Sin embargo, el Gobierno subrayó que el decreto no elimina el derecho a la protesta pacífica, siempre que esta no vulnere las libertades ni garantías de otros ciudadanos.
El anuncio se produce en un contexto de tensiones crecientes: la semana pasada, cientos de manifestantes salieron a las calles de Quito contra Noboa y sus reformas, exigiendo a la justicia que declare inconstitucionales varias de sus iniciativas. Además, en los próximos días se prevé una marcha en Cuenca a favor del agua y contra la minería, lo que añade presión a la estabilidad política del Gobierno.
