Tras nueve postergaciones, el Ministerio Público de República Dominicana comenzó este viernes la lectura formal de la acusación en el caso Calamar, un emblemático proceso judicial por corrupción que involucra a exfuncionarios y empresarios acusados de desviar más de 21,000 millones de pesos (unos US$370 millones) del Estado. La fiscal Mirna Ortiz detalló ante el Cuarto Juzgado de Instrucción del Distrito Nacional que los implicados utilizaron instituciones clave —como el Ministerio de Hacienda, la Procuraduría General, la Dirección de Bienes Nacionales y el Consejo Estatal del Azúcar— para ejecutar un esquema de contratos simulados y empresas ficticias ("de carpeta"), destinado a financiar ilegalmente a contratistas y desfalcar fondos públicos.
Entre los acusados destacan exministros como Ángel Donald Guerrero Ortiz (Hacienda), José Ramón Peralta Fernández (Administrativo) y Gonzalo Castillo Terrero (Obras Públicas), junto a empresas como Ángel Lockward & Asociados, Rediux Consulting y Prominex Multiservicios. La fiscalía imputa delitos como asociación de malhechores, lavado de activos, falsificación documental y financiamiento ilícito de campañas, sustentados en un expediente de 3,000 páginas que expone cómo operó la red durante años.
El caso, considerado uno de los más complejos en la lucha anticorrupción del país, revela un sistema organizado para el enriquecimiento ilícito mediante el aprovechamiento de cargos públicos. Tras múltiples retrasos por recursos legales de la defensa, la audiencia preliminar avanza para determinar si el proceso escalará a juicio, marcando un hito en la rendición de cuentas de altos funcionarios.
