Una jueza del Juzgado de la Instrucción Especial de la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional impuso tres meses de prisión preventiva contra el fiscal Aurelio Valdez Alcántara, acusado de gestionar y recibir, mediante una entrega controlada, la suma de diez mil dólares (US$10,000) de una persona que se encontraba bajo investigación del propio Ministerio Público. El imputado deberá cumplir la medida en el Centro de Corrección y Rehabilitación (CCR) Najayo Hombres, provincia San Cristóbal.
La magistrada Ysis Muñiz dictó la decisión tras rechazar varios incidentes planteados por la defensa, incluida una solicitud de nulidad del proceso. La jueza estableció que, una vez concretada la entrega vigilada, se activa la fase de tentativa y, por tanto, la flagrancia, lo que faculta a las autoridades a intervenir sin necesidad de una orden de arresto adicional, contrariamente a lo alegado por la defensa del imputado.
«La propia Ley 155-17, en su artículo 2, numeral 11, establece como delito precedente el soborno, el cual figura dentro de la calificación provisional dada a los hechos por el Ministerio Público», sostuvo la magistrada Muñiz. Explicó que la entrega vigilada es una técnica especial de investigación en materia de lavado de activos y financiamiento del terrorismo, y que en este caso reposa la autorización judicial para realizarla. En cuanto al allanamiento, la jueza señaló que la orden iba dirigida al domicilio del investigado y que la propia defensa admitió que la diligencia se efectuó allí.
Al fundamentar el peligro de fuga, Muñiz dijo que además de los criterios tradicionales —domicilio fijo, solvencia laboral y familiar— se deben considerar circunstancias vinculadas al hecho punible: la gravedad del delito, el daño producido, la pena imponible y la conducta del imputado frente al proceso. Durante la audiencia, el Ministerio Público había solicitado un año de prisión preventiva. El equipo litigante estuvo encabezado por el procurador adjunto Wilson Camacho, junto a la procuradora general de corte Carmen Alardo y el procurador fiscal Andrés Mena.
La jornada comenzó pasadas las 2:00 de la tarde del martes y concluyó alrededor de las 2:30 de la madrugada de este miércoles. La revisión de la medida de coerción fue fijada para el próximo 29 de junio de 2026.
El expediente revela que Valdez Alcántara exigió inicialmente a la persona bajo investigación la suma de doscientos mil dólares (US$200,000), cantidad que redujo a ciento cincuenta mil dólares (US$150,000) en una negociación en la que también mostró interés en un reloj Rolex y en un vehículo Mercedes Benz 350 o 450. La investigación es dirigida personalmente por la procuradora general de la República, Yeni Berenice Reynoso, quien ha garantizado a la población que no tolerará actos de corrupción en la institución, calificando el hecho como «muy grave».
