La expiración este viernes de los contratos que el Gobierno de Donald Trump mantenía con los proveedores de servicios legales para menores inmigrantes no acompañados ha dejado a unos 24.000 niños y adolescentes en situación de vulnerabilidad extrema, al borde de perder su representación legal y enfrentarse a procesos de deportación sin defensa, según han denunciado activistas y organizaciones defensoras de los derechos de los migrantes.
El Fondo para Defender a Nuestros Vecinos (Defending Our Neighbors Fund) ha señalado que, desde noviembre de 2025, la Casa Blanca ha retenido sistemáticamente los pagos a los proveedores legales que representan a estos menores, una práctica que culmina ahora con la no renovación de los acuerdos. Funcionarios de la Oficina de Reasentamiento de Refugiados, dependiente del Departamento de Salud y Servicios Humanos, propusieron una prórroga condicionada a que los abogados compartieran información confidencial sobre sus clientes. Los proveedores se negaron en bloque, al considerar que esa exigencia vulneraba el derecho de los niños a una representación justa y confidencial.
"A partir del lunes por la mañana, se ordenará la deportación de niños sin representación en todo Estados Unidos", advirtió Meena Shah, directora de Legal Services at The Door. La advertencia subraya la gravedad de una situación en la que, pese a los esfuerzos de emergencia de algunas organizaciones para cubrir el vacío, la falta de acción federal inmediata deja a miles de menores sin asistencia jurídica en un sistema migratorio que no detiene sus procesos.
Melissa Lopez, directora ejecutiva de Estrella del Paso, una red con más de dos décadas de experiencia, denunció que la medida busca deliberadamente eliminar el programa "porque el Gobierno sabe que, sin abogados, los niños serán deportados". En la misma línea, Lindsay Toczylowski, directora del Immigrant Defenders Law Center, señaló que el fin de los contratos no solo priva a los menores de defensa, sino que suprime uno de los pocos mecanismos de control efectivos ante los abusos del poder gubernamental.
Los jueces de inmigración, mientras tanto, continúan avanzando en sus casos con o sin representación, lo que agrava la urgencia de una solución. Las organizaciones denuncian que esta decisión se inscribe en una estrategia más amplia de desmantelamiento de las garantías constitucionales y los mecanismos de supervisión que limitan el poder ejecutivo sin restricciones. El tiempo, para estos miles de niños, se ha acabado.
