El Senado brasileño aprobó este miércoles un proyecto de ley que reduce las penas del expresidente ultraderechista Jair Bolsonaro, condenado a 27 años de prisión, y de otros participantes en la conspiración golpista posterior a las elecciones de 2022. La iniciativa, que ya había recibido el visto bueno de la Cámara de Diputados, fue avalada con 48 votos a favor y 25 en contra y será enviada ahora a sanción presidencial.
Cambios clave en el régimen de penas
Entre los puntos centrales del texto, se establece que no se acumulen las penas correspondientes a dos delitos por los que fue condenado el exmandatario (2019-2022): intento de abolición violenta del Estado democrático de derecho y golpe de Estado. Al considerarse figuras similares, se aplicaría únicamente la pena más grave, la de golpe de Estado, que contempla hasta 12 años de prisión, sin sumarse a la del primer delito, que prevé hasta ocho años.
El proyecto también reduce la pena —de un tercio a dos tercios— cuando los crímenes vinculados al golpismo se cometen como parte de una “multitud”, como ocurrió en el asalto del 8 de enero de 2023 a las sedes del Ejecutivo, el Congreso y la Corte Suprema en Brasilia.
Asimismo, habilita una progresión más rápida del régimen cerrado al semiabierto para los condenados, tras cumplir al menos una sexta parte de la condena.
Impacto para Bolsonaro y otros condenados
De aplicarse estos criterios, Bolsonaro podría salir del régimen cerrado en poco más de dos años, aunque durante un período posterior seguiría obligado a dormir en prisión y pasar los fines de semana recluido, según determine la Justicia.
La norma también beneficiaría a altos mandos militares y exministros condenados por respaldar los planes del exmandatario para permanecer en el poder pese a su derrota electoral frente al actual presidente, Luiz Inácio Lula da Silva.
Enmiendas y alcance del proyecto
Durante su paso por la Comisión de Constitución y Justicia (CCJ), el relator Esperidião Amin aceptó una enmienda que restringe el alcance de la reducción de penas a los actos golpistas posteriores a las elecciones de 2022, con el objetivo de evitar que la iniciativa interfiera en sentencias ya consolidadas o beneficie a condenados por otros delitos graves.
Amin defendió la propuesta como un intento de “corregir distorsiones”, al considerar que las condenas por los hechos del 8 de enero fueron excesivamente severas.
Próximos pasos
El texto pasa ahora al despacho del presidente Lula da Silva, quien ha deslizado la posibilidad de vetarlo. En ese escenario, el Congreso Nacional podría rechazar el veto y convertir la iniciativa en ley sin la firma del mandatario.
