El Instituto Nacional de Protección de los Derechos del Consumidor (Pro Consumidor) advirtió este jueves que aplicará sanciones severas a los establecimientos que sean sorprendidos vendiendo los kits escolares que distribuye gratuitamente el Gobierno a estudiantes del sistema educativo público, a través del Instituto Nacional de Bienestar Estudiantil (INABIE).
El director ejecutivo de Pro Consumidor, Eddy Alcántara, indicó que las medidas incluirán multas económicas, suspensión temporal de operaciones e incluso el cierre del negocio infractor, en cumplimiento de la Ley 358-05 sobre Protección al Consumidor.
“No solo impondremos la sanción más severa que establece la ley, sino que también procederemos a suspender temporalmente el establecimiento implicado en esta mala práctica comercial”, declaró Alcántara.
La advertencia surge tras una solicitud formal del INABIE, que alertó sobre la circulación irregular de los útiles escolares en distintos comercios, pese a que estos están destinados a estudiantes de forma gratuita.
Fiscalización nacional
Pro Consumidor anunció un operativo nacional de inspección que abarcará comercios mayoristas y minoristas para verificar el cumplimiento de la ley y frenar la venta ilegal de estos insumos escolares, considerados propiedad del Estado hasta su entrega a los beneficiarios.
Contenido de los kits escolares
De acuerdo con el director del INABIE, Víctor Castro, los kits incluyen mochilas, uniformes, cuadernos, lápices y otros materiales, todos identificados con el sello institucional y distribuidos directamente a más de 6,000 centros educativos públicos desde el 23 de junio, como parte del plan previo al inicio del año escolar 2025-2026.
Castro enfatizó que la comercialización de estos artículos será considerada una falta grave, que podría conllevar la cancelación de contratos estatales y la inhabilitación del proveedor ante la Dirección General de Contrataciones Públicas (DGCP).
Ambas instituciones hicieron un llamado a la ciudadanía a denunciar cualquier establecimiento que incurra en esta práctica, que afecta directamente a la población escolar más vulnerable del país.