El presidente ecuatoriano Daniel Noboa afirmó este miércoles que "unos pocos vándalos" no impedirán su labor de gobierno, tras sufrir un ataque a su convoy en la provincia de Cañar, donde manifestantes recibieron la caravana presidencial con piedras y, según reportes, disparos.
"Esas agresiones no se aceptan en el nuevo Ecuador, la ley se aplica para todos", declaró Noboa durante un acto en Cuenca con escolares, a quienes pidió que "no sigan el mal ejemplo" de los agresores. El mandatario aseguró que el ataque buscaba impedir su participación en el evento educativo.
Detenciones y acusaciones
Las autoridades han detenido a cinco presuntos participantes del ataque, quienes serán procesados por intento de asesinato contra el presidente, delito que conlleva penas de entre diez y trece años de prisión.
El ministro del Interior, John Reimberg, advirtió que quienes pretendan "desestabilizar" el país "se enfrentarán sin excepción a todo el peso de la ley" y "serán procesados por terrorismo".
Organizaciones indígenas denuncian "provocación"
La Confederación de Nacionalidades Indígenas de Ecuador (CONAIE) calificó los hechos como una "provocación" del gobierno, sugiriendo que se trató de un "acto de falsa bandera" para justificar la represión contra movimientos sociales.
En un comunicado, la CONAIE cuestionó por qué los servicios de seguridad permitieron que el convoy presidencial cruzara por una "zona de movilización" en momentos de protesta por la eliminación del subsidio al diésel, y exigió la liberación de los detenidos.
Contexto de tensiones sociales
El incidente ocurre en un contexto de creciente malestar social por medidas económicas del gobierno, particularmente la eliminación de subsidios a combustibles. La CONAIE reivindicó la legitimidad de sus movilizaciones, afirmando que "el movimiento indígena no es terrorista, es un movimiento histórico por la vida, la dignidad y los derechos de los pueblos".
Mientras el gobierno enfatiza su derecho a aplicar la ley con rigor, las organizaciones sociales alertan sobre la criminalización de la protesta, marcando una nueva escalada en la conflictividad política ecuatoriana.
