El presidente de Argelia, Abdelmayid Tebún, ha ordenado una revisión urgente de la legislación para «restablecer la pena de muerte con ejecución» y aplicarla a los responsables de incendios forestales intencionados, después de que al menos 12 personas perdieran la vida en los devastadores fuegos que asolaron el este y centro del país durante los últimos días. Así lo informó este lunes la agencia estatal APS, que detalló que el mandatario instruyó al ministro de Justicia, Lotfi Boudjemaa, a modificar el Código Penal antes del 15 de septiembre para que la pena capital pueda ser impuesta a los implicados en estos delitos, una vez agotadas todas las vías de recurso previstas en la ley.
Tebún subrayó la «necesidad» de someter a evaluación y estudio la modificación de la normativa durante esta misma semana, como paso previo obligatorio a su presentación ante la Asamblea Popular Nacional (el Parlamento argelino). El mandatario también confirmó que «varias personas» —sin precisar el número— ya se encuentran detenidas por su presunta implicación en el origen de los incendios.
La pena de muerte en Argelia se encuentra en moratoria desde 1993, pero el debate sobre su aplicación regresó al Parlamento en julio de 2025, cuando el país aprobó su uso para casos graves relacionados con el tráfico de drogas, especialmente en entornos escolares. Sin embargo, desde entonces no se ha ejecutado ninguna condena a muerte. Ahora, la tragedia de los incendios —que se cobraron cinco vidas en la región de Jijel, cuatro en Bejaia y tres en Tizi Ouzou— ha reabierto con fuerza el debate, que será llevado al Parlamento en los próximos días.
Además de los fallecidos, los incendios han dejado varias decenas de heridos con quemaduras, numerosas familias evacuadas, infraestructuras asoladas y «grandes» pérdidas materiales de diversa índole, a las que el Gobierno se ha comprometido a hacer frente. La decisión de Tebún, que busca endurecer las penas contra quienes provocan estos desastres, llega en un contexto de consternación nacional y plantea un nuevo giro en la política penal de un país que, hasta ahora, mantenía la máxima sanción en suspenso.
