El Ministerio Público solicitó este miércoles prisión preventiva como medida de coerción contra diez militares y civiles acusados de formar parte de una estructura de corrupción desmantelada mediante la Operación Lobo. Según la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA), el entramado se beneficiaba del pago de sobornos para obtener y mantener contratos de seguridad privada en diversas instituciones del Estado.
La procuradora de corte Mirna Ortiz, titular de la PEPCA, informó que la solicitud fue depositada ante la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente del Distrito Nacional. Aseguró que la operación apenas comienza, por lo que podrían surgir nuevos arrestos y más personas investigadas.
“Hemos identificado hasta el momento una suma pagada en sobornos que excede los 100 millones de pesos y contamos con más de 500 pruebas para sustentar la vinculación de los imputados”, precisó Ortiz.
El órgano acusador también solicitó que el caso sea declarado complejo, debido a la magnitud del fraude y al involucramiento de diversas entidades públicas. Entre las instituciones afectadas figuran el Instituto Nacional de Atención Integral a la Primera Infancia (INAIPI), el Seguro Nacional de Salud (SENASA) y las distribuidoras de electricidad EdeNorte, EdeEste y EdeSur.
Los acusados enfrentan cargos por violaciones a la Ley 340-06 sobre Compras y Contrataciones Públicas, entre otras infracciones penales vinculadas a la corrupción administrativa.
Imputados en la Operación Lobo
Entre los señalados figuran altos mandos militares y civiles:
- Mayor general retirado Carlos Ambrosio Robles Díaz (Ejército)
- Coroneles Andrés Pacheco Varela, Luis Ernesto Vicioso Bocio, Francisco Guarín Fernández y Elías Camaño Pérez
- Coronel Yorbyn Eduardo Eufracio Aybar (Fuerza Aérea)
- Primer teniente Wellington Peralta Santos (Ejército)
- Coronel Ramón Quezada Ortiz (Policía Nacional)
- Empresario Quilvio Bienvenido Rodríguez González
- Civil Bolívar Nicolás Fernández Espinal
Ortiz aseguró que el Ministerio Público actuará contra cualquier funcionario que se determine haya tenido participación en la red de corrupción. “Esto apenas comienza. Vamos por más”, advirtió.
La investigación se originó tras una denuncia presentada por la Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental, lo que derivó en allanamientos y detenciones realizadas esta semana.
