En los calurosos callejones de Nizao, Peravia, una red de funcionarios convirtió la Oficialía del Estado Civil en una fábrica de identidades falsas. Durante meses, nacionales haitianos pagaban por lo que creían un pasaporte a la legalidad: actas de nacimiento dominicanas adulteradas, cédulas trucadas y hasta huellas digitales prestadas. La trama se desmoronó cuando fiscales allanaron cinco comunidades —desde Santana hasta Baní— y descubrieron que los guardias del registro eran los mismos piratas de la identidad.
Los Hilos de la Red:
Amauri Rosario Aybar, ahora tras las rejas en Baní, era solo un engranaje. La verdadera maestra escapó: María Del Carmen Arias Castillo, directora de la Oficialía, sigue prófuga con Dominga Valdez. Mientras, cinco cómplices —entre ellos empleados de bajo rango— rondan bajo la sombra de fianzas y citaciones semanales. La JCE, usualmente encargada de organizar elecciones, se vio obligada a convertirse en detective: sus equipos de informática rastrearon alteraciones en bases de datos, mientras los de falsificaciones desentrañaban sellos adulterados.
El Juego Legal:
No era solo fraude. Cada documento falsificado violaba al menos siete leyes: desde el Código Penal (que condena la "asociación de malhechores" como si fueran mafia) hasta la Ley de Protección de Datos, que protege lo que esta red vendía: nombres, fechas de nacimiento, huellas. Los artículos 207-208 de la Ley de Registro Civil se activaron como nunca: ya no se trataba de errores burocráticos, sino de reescribir vidas.
Las Víctimas Invisibles:
Mientras los acusados enfrentan prisión, decenas de dominicanos —cuyos nombres fueron robados— descubren que su identidad tiene doblez: préstamos no solicitados, antecedentes penales fantasmas, o peor: hijos legales que no son suyos. Para muchos haitianos, el sueño de papeles se transformó en pesadilla: sin estatus legal, ahora son fantasmas con dos identidades, atrapados entre deportaciones y estafadores.
¿Cómo Frenar el Mercado Negro de Identidades?
La JCE apuesta a blockchain y biometría para futuros registros, pero la herida va más allá de la tecnología. Este caso expone una realidad incómoda: la migración haitiana —impulsada por crisis y violencia— encuentra en la corrupción local su válvula de escape. Mientras el gobierno promete auditorías en todas las oficialías, activistas exigen no demonizar a migrantes, sino desmantelar mafias que se lucran de su desesperación.
