Washington, D.C. – La administración del presidente Donald Trump ha intensificado su política de recortes y despidos en el sector público a través del Departamento de Eficiencia Gubernamental (DOGE), liderado por Elon Musk, enfrentando creciente resistencia legal y sindical.
Acciones y controversias clave:
- Despidos masivos y obstáculos legales:
- Un juez federal de California, William Alsup, bloqueó temporalmente los despidos el 3 de marzo, al considerar que la Oficina de Gestión de Personal (OPM) carece de autoridad para ordenarlos.
- Pese a esto, el DOGE afirma haber ahorrado $65,000 millones mediante recortes, aunque su legalidad está bajo escrutinio, ya que el Congreso no ratificó su creación ni el rol de Musk.
- Impacto en empleados y servicios críticos:
- 2.4 millones de empleados federales civiles están en la mira, con un objetivo de reducción del 10%.
- Sectores afectados incluyen la NOAA (despidos de meteorólogos clave para alertas tempranas), USAID (cancelación de programas de salud global) y la Administración Nacional de Seguridad Nuclear, donde despidos erróneos obligaron a recontrataciones.
- Resistencia interna y sindical:
- 21 empleados de DOGE renunciaron por conflictos éticos, alegando que las medidas violan su juramento constitucional.
- Sindicatos como la Federación Estadounidense de Empleados del Gobierno ganaron 5,575 nuevos afiliados en una semana, reflejando malestar generalizado.
Contexto político y críticas:
- El director de la Oficina de Gestión y Presupuesto, Russel Vought, respalda públicamente los recortes, calificándolos como parte de un plan para "renovar" la administración.
- Expertos legales, como Craig Saperstein de Pillsbury, cuestionan la legitimidad de las acciones del DOGE, subrayando que su estructura evade los controles tradicionales del Congreso.
Próximos pasos:
Mientras Trump y Musk insisten en "optimizar" el gobierno, la combinación de desafíos judiciales, movilización sindical y errores operativos (como los despidos en seguridad nuclear) complican su agenda. La eficacia y legalidad de estas medidas seguirán en debate.
