Al menos 800,000 nicaragüenses, equivalentes al 11.6 % de la población, han salido de Nicaragua entre abril de 2018 y noviembre de 2025, de acuerdo con datos divulgados este jueves por el Colectivo de Derechos Humanos para la Memoria Histórica de Nicaragua, en el marco del Día Internacional del Migrante.
La organización, integrada mayoritariamente por activistas nicaragüenses y con sede en San José, Costa Rica, afirmó que la conmemoración se produce en medio de un éxodo sin precedentes, provocado por la falta de libertades, el deterioro de la democracia y la represión política.
Según el colectivo, quienes han abandonado el país buscan refugio, protección y oportunidades que consideran inalcanzables dentro de Nicaragua, debido a la persecución, la ausencia de libertades fundamentales, la vulneración del derecho a la vida y la falta de garantías democráticas.
Migración forzada y consecuencias estructurales
La ONG subrayó que la migración nicaragüense no es una decisión voluntaria, sino la consecuencia directa de años de represión, hostigamiento y persecución política, atribuidos al gobierno de Daniel Ortega y Rosario Murillo.
Advirtió que este fenómeno tiene un impacto profundo en el país, al empobrecerlo y comprometer su futuro. Cada persona que migra —indicó— representa una pérdida de capital humano y de potencial para el desarrollo nacional.
El organismo denunció que desde 2018 las autoridades han cerrado y confiscado 5,651 organizaciones de la sociedad civil y 41 universidades, además de despojar de la nacionalidad a 492 ciudadanos y forzar al exilio a más de 300 periodistas, así como a un número similar de religiosos.
Asimismo, señaló que se han producido confiscaciones de propiedades y se han cometido hechos que calificó como crímenes de lesa humanidad. Agregó que quienes denuncian violaciones de derechos humanos enfrentan criminalización, destierro y situaciones de apatridia de facto.
De acuerdo con el colectivo, la política de destierro y confiscación, valorada en al menos 250 millones de dólares, ha provocado la separación de familias y comunidades, así como el crecimiento de nuevas generaciones de nicaragüenses en el exilio, expuestas a condiciones de precariedad y discriminación.
Finalmente, la organización hizo un llamado a la comunidad internacional para que denuncie el destierro como política de Estado en Nicaragua, mantenga la presión por las violaciones de derechos humanos y garantice mecanismos de protección y refugio para quienes se ven obligados a abandonar el país.
Según la ONG, la crisis iniciada en abril de 2018 ha derivado en el mayor éxodo de la historia de Nicaragua, incluso superior al registrado durante la década de 1980, cuando el país atravesó una guerra civil.
