Tras la operación policial en Río de Janeiro que dejó al menos 121 muertos —la más sangrienta en la historia de Brasil—, el presidente Luiz Inácio Lula da Silva defendió este miércoles un cambio de paradigma en la lucha antidrogas, priorizando la inteligencia financiera y la coordinación interinstitucional sobre los enfrentamientos armados.
Un modelo basado en la inteligencia, no solo en la fuerza
En un mensaje en redes sociales, el mandatario progresista subrayó la necesidad de un trabajo coordinado que "impacte la espina dorsal del narcotráfico sin colocar a policías, niños y familias inocentes en riesgo". Lula y varios de sus ministros argumentaron que el crimen organizado se vence principalmente descapitalizando estos grupos y reduciendo su poder financiero.
Como ejemplo, citó la operación de agosto contra el Primer Comando de la Capital (PCC), que atacó el corazón financiero de la organización mediante investigaciones de lavado de dinero y delitos económicos, en lugar de realizar incursiones violentas en favelas.
Respuesta federal a la crisis en Río
La postura de Lula se produce en un contexto de tensiones con el gobierno regional de Río. El gobernador Cláudio Castro afirmó que la operación del martes —dirigida contra el Comando Vermelho— fue realizada solo por fuerzas estatales, acusando al gobierno federal de negar su colaboración.
Como respuesta, el ministro de Justicia, Ricardo Lewandowski, anunció tras una reunión con Castro la creación de una Oficina de Emergencia de Enfrentamiento al Crimen Organizado. Este organismo buscará integrar a las diferentes fuerzas policiales para intercambiar información y coordinar operaciones conjuntas.
Balance divergente y resultados operativos
Mientras el gobierno regional confirma 121 fallecidos (incluidos cuatro policías), la Defensoría Pública, que recopiló datos en morgues y en el terreno, elevó la cifra a 132 víctimas.
La incursión, que buscaba capturar a los principales líderes del Comando Vermelho en los complejos de favelas de Penha y Alemão, resultó en 113 arrestos, el decomiso de 119 armas, 14 artefactos explosivos y toneladas de drogas. La magnitud de la operación refleja el desafío que supone desarticular a estas organizaciones en zonas densamente pobladas donde residen unas 200,000 personas.
