La Universidad de Harvard ha rechazado formalmente las exigencias del gobierno de Estados Unidos para implementar cambios estructurales en su gobernanza, políticas de admisión y contratación, a pesar de tener en riesgo miles de millones de dólares en financiamiento federal.
En una carta enviada este lunes, los abogados que representan a Harvard afirmaron que aunque la universidad continuará trabajando para combatir el antisemitismo y "sigue abierta al diálogo sobre lo que ha hecho y planea hacer para mejorar la experiencia de todos los miembros de su comunidad", la institución "no está dispuesta a aceptar demandas que excedan la autoridad legal de esta o cualquier otra administración".
Con esta postura, Harvard se convierte en la primera universidad en oponerse abiertamente a los esfuerzos del gobierno federal por forzar cambios en instituciones educativas de élite. Es también la que tiene más fondos en juego: aproximadamente $9.000 millones en contratos y subvenciones otorgados a Harvard y sus entidades afiliadas, incluyendo hospitales asociados a su Facultad de Medicina.
Un conflicto con múltiples frentes
La tensión entre el gobierno federal y las universidades tiene varios orígenes:
- Preocupaciones sobre antisemitismo: Tras protestas relacionadas con la guerra entre Israel y Gaza, surgieron acusaciones de que algunas universidades no estaban protegiendo adecuadamente a los estudiantes judíos.
- Agenda política más amplia: El gobierno también ha impulsado medidas alineadas con otras prioridades, como la eliminación de programas de diversidad, equidad e inclusión (DEI) y restricciones para atletas transgénero.
En abril, funcionarios de los departamentos de Educación, Salud y Servicios Humanos y de la Administración de Servicios Generales enviaron una carta a Harvard con exigencias que incluían el cierre de programas DEI, la revisión de departamentos que supuestamente "fomentan el acoso antisemita" y la necesidad de "terminar con la captura ideológica", además de reformas en la gobernanza institucional.
Resistencia y apoyo legal
Diversos sectores han instado a Harvard a resistir estas presiones:
- El periódico estudiantil The Harvard Crimson publicó un editorial pidiendo a la universidad "trabajar con otras instituciones para liderar la lucha contra los ataques del gobierno a la educación superior".
- La Asociación Estadounidense de Profesores Universitarios (AAUP) y su capítulo en Harvard presentaron una demanda el viernes para impedir que el gobierno condicione el financiamiento a restricciones sobre la libertad de expresión.
"La Primera Enmienda no permite que los funcionarios gubernamentales usen su poder para silenciar a críticos y censurar discursos que no les agradan", expresó Andrew Manuel Crespo, profesor de Derecho en Harvard y abogado general del capítulo local de la AAUP.
Precedentes preocupantes
La Universidad de Columbia, epicentro de protestas propalestinas el año pasado, fue la primera en enfrentar estas acciones. En marzo, el gobierno suspendió $400 millones en financiamiento, incluyendo numerosas subvenciones para investigación. Aunque las autoridades de Columbia han afirmado mantener un "diálogo activo" con la administración, hasta la fecha los fondos no han sido restituidos.
Esta situación ha generado división entre académicos y exalumnos. Mientras algunos consideran que las universidades dependientes de fondos federales deben ceder, otros, como los sindicatos que han presentado demandas, argumentan que la cancelación unilateral del financiamiento viola la Primera Enmienda y la ley de derechos civiles.
Con su firme posición, Harvard establece un precedente significativo en la defensa de la autonomía universitaria frente a presiones gubernamentales, en un momento de creciente tensión entre las instituciones académicas y la administración federal.
