La Comisión Europea ha expresado serias reservas sobre el plan del Gobierno español de regularizar a aproximadamente 500.000 inmigrantes irregulares, una medida que, según fuentes comunitarias, podría colisionar con la política migratoria común de la Unión Europea y enviar un mensaje contradictorio en un momento de creciente restricción fronteriza.
La medida española: un permiso de residencia y trabajo por un año
El decreto, anunciado a finales de enero, ofrecerá un permiso de residencia de un año y derecho a trabajar en cualquier sector y región a quienes hayan entrado a España antes del 31 de diciembre de 2025 y lleven residiendo al menos cinco meses, o hayan solicitado asilo antes de esa fecha. La ministra de Migración, Elma Saiz, defendió la iniciativa como un motor de “crecimiento económico y cohesión social”.
Preocupación en Bruselas: el riesgo de “efecto llamada” y movilidad intra-Schengen
Funcionarios europeos consultados por Euronews advierten:
- La medida “no está en línea con el espíritu de la UE en materia de migración”.
- Una regularización masiva podría debilitar los esfuerzos disuasorios de la migración irregular hacia Europa.
- Existe inquietud porque los beneficiarios, al obtener estatus legal, puedan viajar por el espacio Schengen(90 días cada 180), intentando establecerse en otros países sin autorización.
El debate se traslada al Parlamento Europeo
El comisario europeo de Asuntos de Interior y Migración, Magnus Brunner, comparecerá este martes ante el Europarlamento en un debate titulado “La política española de regularización a gran escala y su impacto en el espacio Schengen y la política migratoria de la UE”. Hasta ahora, Brunner se ha limitado a señalar que la decisión es una “responsabilidad nacional”, sin emitir juicio.
Un contraste con la tendencia europea: hacia una migración más restrictiva
La iniciativa española choca frontalmente con la dirección actual de la UE, que busca:
- Reducir el acceso a la protección internacional.
- Aumentar las expulsiones de migrantes irregulares.
- Acelerar los procedimientos de asilomediante listas de “países de origen seguro” (Bangladesh, Colombia, Marruecos, Túnez, entre otros).
- Permitir deportaciones a terceros países con acuerdos bilaterales, incluso si no son el país de origen del migrante.
Críticas de la sociedad civil: derechos humanos en juego
Organizaciones como Amnistía Internacional, Save the Children y Human Rights Watch han condenado repetidamente el giro restrictivo de la UE, alertando sobre la reducción del acceso al asilo y la vulneración de derechos humanos en los procedimientos fronterizos.
España ante un dilema entre solidaridad y coordinación europea
Mientras España avanza con una política que prioriza la integración socioeconómica, Bruselas insiste en la coherencia comunitaria y el control de flujos. Este pulso no solo refleja tensiones entre soberanía nacional y política común, sino que también plantea una pregunta de fondo: ¿puede un Estado miembro adoptar un enfoque abierto y regularizador dentro de una Unión que se inclina cada vez más hacia el fortalecimiento fronterizo y la disuasión? La respuesta podría redefinir los límites de la solidaridad y la soberanía en la Europa migratoria.