La Comisión Europea ha instado a España a acelerar las investigaciones y juicios relacionados con casos de corrupción, al tiempo que expresa una creciente preocupación por la percepción pública sobre este problema en el país.
Según el Informe sobre el Estado de Derecho 2025, publicado este martes 8 de julio, la percepción de corrupción en España ha aumentado significativamente durante los últimos cinco años, coincidiendo con la gestión del actual Gobierno de coalición.
El documento, presentado en Estrasburgo por el comisario de Democracia, Justicia y Estado de Derecho, Michael McGrath, señala que "el nivel de corrupción percibido en el sector público español es relativamente alto", tanto entre ciudadanos como entre expertos y empresas.
Indicadores preocupantes
España obtuvo una puntuación de 56 sobre 100 en el Índice de Percepción de la Corrupción 2024 de Transparencia Internacional, ocupando el puesto 16º dentro de la Unión Europea y el 46º a nivel mundial.
En el ámbito empresarial, los datos son más alarmantes:
- El 87 % de las empresas considera que la corrupción está muy extendida (frente al 63 % promedio en la UE).
- El 53 % cree que la corrupción representa un obstáculo para hacer negocios, frente al 35 % de media comunitaria.
El caso Koldo y otros focos de riesgo
El informe hace referencias específicas a escándalos recientes, incluyendo el caso Koldo, donde el exministro y exdiputado José Luis Ábalos fue imputado en octubre de 2024 como persona de interés en un presunto caso de corrupción vinculado a contratos durante la pandemia de COVID-19.
Bruselas identifica como sectores clave con alto riesgo de corrupción:
- La contratación pública
- La financiación de partidos políticos
- Los proyectos de infraestructuras
- Los contratos de servicios públicos
Retrasos judiciales y reformas pendientes
Además de criticar la percepción negativa, la Comisión Europea subraya la lentitud de los procesos judiciales en casos de corrupción de alto perfil y exhorta a España a "redoblar esfuerzos para acortar la duración de las investigaciones y enjuiciamientos", incluyendo la finalización de la reforma del Código de Procedimiento Criminal.
También se advierte sobre la falta de avances en la estrategia nacional anticorrupción, que, según la ley, debía estar en marcha desde septiembre de 2024.
CGPJ, Fiscalía y ley de amnistía
Aunque reconoce la necesidad de renovar el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y revisar el régimen del Fiscal General del Estado, Bruselas ahora centra su preocupación en la eficacia del sistema judicial frente a la corrupción.
Sobre la ley de amnistía, la Comisión se ha limitado a "tomar nota" de su validación por el Tribunal Constitucional español, recordando que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea aún debe responder a varias cuestiones prejudiciales presentadas sobre su legalidad.
