Bogotá.– El presidente Gustavo Petro recibió este miércoles un duro revés judicial. El Juzgado 24 Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá le impuso una multa de 26 millones de pesos (unos 7.300 dólares) por desacatar un fallo que, desde noviembre de 2025, le ordenaba pedir disculpas públicas al empresario Jaime Miguel González, dueño de una compañía prestadora de servicios de salud. La razón: el mandatario había acusado a González de corrupción en nueve mensajes en X, sin presentar una sola prueba.
La decisión, en segunda instancia, no solo sanciona económicamente a Petro, sino que le recuerda que la multa no lo exime de cumplir con la orden original: debe retractarse. "La sanción económica no exime al presidente de la obligación de restablecer los derechos vulnerados", precisó el despacho judicial. El empresario, cuyo nombre quedó manchado por las declaraciones presidenciales, espera desde hace casi cinco meses una disculpa que aún no llega.
"No me callaré ante el robo de la salud": Petro desafía a la justicia
Lejos de acatar el fallo, Petro redobló la apuesta. Este mismo miércoles, horas después de conocerse la multa, volvió a arremeter en X: "Corruptos y ladrones de la salud son corruptos y ladrones. Pueden arruinarme con multas y cárcel, si quieren, como hicieron cuando salí de la alcaldía (de Bogotá en 2015), pero no me callaré ante el robo de la salud". El presidente insistió en que una auditoría forense demostraría presuntas irregularidades en el manejo de recursos públicos, pero no presentó ningún documento nuevo.
El caso no es aislado. Petro tiene antecedentes recientes por su uso de redes sociales para denuncias sin respaldo. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca también le ordenó rectificar afirmaciones sobre un supuesto fraude electoral en varios comicios, tras una controversia institucional. Su estilo confrontacional, que lo llevó a la presidencia, ahora choca con los límites de la justicia.
El empresario: entre el señalamiento público y la lucha por su honra
Jaime Miguel González, dueño de una empresa de servicios de salud, ha denunciado que los mensajes de Petro le causaron un daño irreparable a su reputación y a su negocio. El tribunal le dio la razón en noviembre de 2025, amparando sus derechos fundamentales. Pero el presidente, en lugar de disculparse, ha preferido pagar la multa y seguir insistiendo en sus acusaciones. La justicia ha sido clara: el dinero no borra la obligación de retractarse.
Un pulso que trasciende lo legal
Este enfrentamiento entre Petro y el sistema judicial no es solo un caso de desacato. Es un síntoma de su estilo de gobierno: gobernar desde la trinchera digital, a menudo al borde de la legalidad. Sus seguidores ven en él a un luchador contra la corrupción; sus detractores, a un mandatario que siembra dudas sin pruebas y se niega a asumir las consecuencias. La multa de 7.300 dólares es simbólica para un presidente, pero el precedente es mayúsculo: ningún jefe de Estado está por encima de la justicia, incluso cuando sus armas son tuits.
Mientras Petro acumula fallos en su contra, la pregunta flota en el aire: ¿hasta cuándo la retórica incendiaria podrá esquivar el imperio de la ley? El empresario González sigue esperando una disculpa. Y la justicia, con su multa, le ha dicho al presidente que las palabras también tienen precio. Por ahora, Petro ha decidido pagar. Pero el costo político de desafiar abiertamente a los jueces podría ser mucho más alto. El pulso continúa. Y en Colombia, donde la polarización es moneda corriente, este capítulo está lejos de cerrarse.
